(SPI).- El Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), incluído Veracruz, dará su voto en contra el próximo primero de julio a los partidos del PRI, PAN, PRD y Morena por haber ignorado la iniciativa presentada en 2016 que busca proteger el matrimonio y la familia natural como instituciones de interés público, así como el derecho procedente de los padres a educar a sus hijos y tener un padre y una madre..
Incluso interpondrán un amparo en contra de cuatro senadores de los partidos arriba citados por incumplimiento.
En un comunicado la agrupación expone su indignación por haber sido ignorada su iniciativa de ley ciudadana para reformar la Constitución, presentada el pasado 23 de febrero de 2016, respaldada con 240 mil firmas; en donde Veracruz destacó con rúbricas.
Criticaron el desinterés de los senadores presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García (PRI) y la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez (PRD).
Y de igual actitud a los senadores José María Martínez Martínez (de panista a morenita) y Lisbeth Hernández Lecona (PRI), quienes por dos años ocuparon cada uno la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, sin sacar adelante la citada iniciativa.
ConFamilia por considerar una acción traidora en contra de miles de familias mexicanas por parte de legisladores, ejercerán acción legal de amparo por incumplimiento y sea el derecho constitucional quien determine y sancione el deber incumplido de los servidores públicos arriba citados.
También procederán de manera política castigando con su voto a estos partidos políticos el próximo primero de julio.
Advirtieron que ConFamilia Veracruz al igual que cientos de organizaciones pro familia y pro vida de todo el país pedirán cuentas a esos traidores que solo buscan beneficios familiares para perpetuarse en el poder, mientras atropellan como con su ineficiencia y corrupción a cientos de familias veracruzanas y del país.
Los puntos principales de la iniciativa son:
Proteger el matrimonio y la familia natural como instituciones de interés público; proteger el derecho procedente de los padres a educar a sus hijos; proteger el derecho de los niños a tener un padre y una madre y; proteger el entorno que rodea a la familia a través de políticas públicas de los tres niveles de gobierno.
