Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador alista un golpe a los órganos autónomos y reguladores para ponerlos bajo su control.

Ayer anunció que enviará al Congreso una reforma para que dependencias del Gobierno puedan “absorber” funciones de entidades de vigilancia y contrapeso gubernamental. Según AMLO, busca evitar la duplicidad de funciones y conseguir ahorros.

“(El Ifetel cuesta) mil 500 millones, entonces, que pase a Comunicaciones. ¿Y por qué autónomo?… El otro es el de la Transparencia ¿Por qué autónomo? Y con un uso faccioso, muchas veces”, señaló el Presidente.

Las ex comisionadas del INAI Jacqueline Peschard y María Marván, coincidieron en que los órganos autónomos surgieron para evitar el hiperpresidencialismo y el plan de AMLO es un retroceso y concentración de poder.

“Es ir contra los contrapesos de la deliberación pública. Tiene implicaciones muy graves para el desarrollo democrático, implica una concentración del poder”, apuntó Peschard.

Recordó que la labor de los reguladores es supervisar que las autoridades no cometan abusos, corrupción o conflicto de interés.

“El Presidente tiene popularidad, respaldo social, pero no es eterno y pretender desaparecer instituciones que nos han costado 30 años, es algo que es indebido”, añadió.

“No encuentro manera posible que jurídicamente se le dé esa facultad a un organismo que está dentro de la Secretaría”, advirtió Marván.

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Eduardo Pérez Motta, quien fuera presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), explicó que el elemento central de los reguladores no es sólo la independencia, sino tener organismos técnicos y que la única lealtad que tengan los comisionados sea con la Ley de Competencia.

“Lo que quiere es separarlos de decisiones políticas”, dijo Pérez Motta.

“Definitivamente, el Presidente no quiere contrapesos. Si por él fuera desaparecería el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sería el Virrey”, dijo la senadora panista, Xóchitl Gálvez. 

Ex comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ahora INAI, consideraron que pretender desaparecerlo es atentar contra el derecho de los ciudadanos a solicitar información y a ser atendidos en su requerimiento por la autoridad.

Juan Pablo Guerrero, quien formó parte del primer Pleno del instituto, dijo que la creación del órgano garante fue resultado de una exigencia ciudadana y lo que está en juego no es una estructura burocrática sino una garantía fundamental en una sociedad democrática.

“Irse contra el INAI es irse contra el pueblo, y contra el derecho del pueblo a saber. Así de fácil. Alguien que habla mucho del pueblo podría tener una reconsideración al respecto”, indicó.

José Octavio López Presa, quien también formó parte del Pleno fundador del IFAI, dijo que las funciones del INAI no pueden ser sustituidas por dependencias donde el Presidente o los gobernadores nombran a los servidores públicos porque serían juez y parte.

Eso, añadió, va en contra no sólo de la rendición de cuentas y los contrapesos necesarios al poder, sino de los intereses más sagrados del pueblo: su libertad y privacidad.

Con información de Érika Hernández y Rolando Herrera

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