El próximo domingo se llevará a cabo en México la consulta de revocación de mandato que, para sus detractores, es solo un “capricho” del presidente Andrés Manuel López Obrador que implicará un inútil y multimillonario gasto de recursos públicos, mientras que para sus promotores representa un avance en la consolidación democrática del país.
La consulta, que fue una promesa de campaña del presidente, se concreta después de meses de una fuerte polémica sobre su sentido y en medio de su permanente confrontación con las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE).
Desde que comenzó a gobernar en diciembre de 2018, López Obrador ha logrado mantener altas tasas de popularidad que superan el 50 %. En los últimos meses, en algunas encuestas alcanzó el 60 %. Por esa razón, es previsible que la mayor parte de la ciudadanía votará a favor de que continúe en el periodo para el que fue elegido y que debe concluir el 1 de octubre de 2024.
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La única duda, entonces, es cuánta gente participará. El presidente ha advertido que, más allá de la afluencia de votantes, lo importante es que este ejercicio se realiza por primera vez.
Por el contrario, la oposición, que considera que López Obrador solo quiere presumir que sigue teniendo el aval mayoritario de la sociedad, se divide entre sectores que llaman a votar en contra y otros que convocan a no acudir a las urnas para no validar la consulta.
El domingo, por ejemplo, centenares de personas marcharon en la Ciudad de México al grito de “no votes el 10 de abril”. Su propuesta es no “hacerle el juego” al presidente. El empresario Claudio X. González, uno de los opositores más mediáticos de López Obrador, también se sumó a la campaña.
En respuesta, el presidente afirmó que quienes se oponen a la consulta forman parte de “un conservadurismo hipócrita”, personas “que se llegan a autonombrar bien nacidos pero son groseros y muy clasistas y racistas, discriminatorios, de los que tratan de manera despectiva a las trabajadoras domésticas. Es un prototipo, o sea, muy individualistas y también muy faltos de información”.
Pleitos
“El pueblo pone, el pueblo quita”, es el lema que ha repetido el presidente al insistir en que será una forma de fortalecer la democracia participativa para que, en un país en el que los gobiernos duran seis años, a mitad de cada mandato la ciudadanía pueda decidir si está conforme o no con la gestión de turno y, sobre todo, si debe continuar.
La revocación avanzó entre la tensa relación que mantienen el Instituto Nacional Electoral (INE) y el presidente, quien ha ubicado al organismo en el amplio espectro de sus adversarios.
Las críticas de López Obrador se suelen centrar en el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y en el consejero Ciro Murayama. Por eso, todas las decisiones que han tomado alrededor de la consulta han sido denunciadas como ataques a la democracia.
“El INE no ha actuado con rectitud”, volvió a acusar esta semana el presidente al rechazar las denuncias del organismo en contra de funcionarios que han violado la veda para promover la consulta.
“Debieron promover la consulta, no actuar de manera tramposa, guardando silencio, no difundiendo la consulta para que la gente no se enterara, instalando casillas en lo más apartado. Pura trampa y luego abiertamente en contra de nosotros, en contra mía”, dijo con respecto a un ejercicio que ha estado envuelto en la polémica desde el principio.
La pregunta
La consulta se había programado para el 27 de marzo, pero el INE la pospuso al 10 de abril para ampliar el plazo de recolección de firmas ya que, para convocarla, se requería que fuera promovida por lo menos por el 3 % del padrón electoral, es decir, alrededor de 2,7 millones de personas.
A fines de diciembre, la organización ‘Que siga la democracia’, integrada por militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), reportó que había superado con creces los requisitos, ya que entregó 9,9 millones de firmas.
El INE confirmó más tarde que había encontrado irregularidades en casi un millón de firmas, que iban de duplicaciones y defunciones, a personas que tenían suspendidos sus derechos políticos o con la credencial de elector vencida.
Pero la consulta siguió adelante. El 4 de febrero, el INE lanzó la convocatoria oficial en la que explicó que la ciudadanía solo tendrá que responder a una pregunta: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
Las personas que voten solo podrán tachar una de las dos respuestas que vendrán marcadas por incisos: a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o b) Que siga en la Presidencia de la República.
La redacción fue criticada por López Obrador, quien la consideró confusa, pero la Suprema Corte de Justicia rechazó cualquier modificación.
El INE insistió durante meses en que los recortes ordenados por el presidente al gasto público como parte de sus políticas de austeridad, afectaban la organización de la consulta ya que se requerían más recursos.
En respuesta, el presidente rechazó ampliar el presupuesto para la consulta, que al final costará alrededor de 75 millones de dólares.
Durante las últimas semanas, la principal queja del presidente y de sus simpatizantes fue que el INE no hizo la promoción debida para invitar a la ciudadania a participar en la consulta, lo que fue rechazado por el organismo.
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El proceso
Debido a las limitaciones de la convocatoria, ni el presidente ni los partidos ni ningún tipo de organización pudieron hacer campaña en medios de comunicación por la revocación desde febrero. Solo el INE y organismos públicos locales promovieron la participación ciudadana, pero sin orientar las preferencias.
Por eso, desde febrero el INE le prohibió a López Obrador que hablara de la consulta en su diaria conferencia mañanera, lo que el presidente aceptó a regañadientes. Tampoco pudo difundir más propaganda gubernamental en los medios, ya que ello implicaba una velada promoción para que la gente votara a favor de que permanezca en el cargo.
Para que la revocación se considere válida, se requiere que vote por lo menos el 40 % del padrón, lo que implica que tendrían que sufragar unas 37 millones de personas. Sería un récord, tomando en cuenta que es la primera vez que se lleva a cabo un ejercicio de esta naturaleza.
Si se alcanza este nivel de asistencia a las urnas, el resultado por la permanencia o salida de López Obrador de la presidencia tendrá que ser por mayoría absoluta del 51 %, y validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
A sabiendas de la dificultad que implica alcanzar esta afluencia, López Obrador ya anticipó que si el resultado no es vinculante, es decir que si no votó el número suficiente de ciudadanos, de cualquier forma la consulta habrá servido para fortalecer la democracia.
La polémica se ha mantenido hasta el último momento. La semana pasada, por ejemplo, el tres veces candidato presidencial de la izquierda y excompañero de partido de López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, afirmó que la consu
