(SPI).- El citatorio de la Fiscalía General del Estado (FGE) a la investigadora Rosío Córdova Plaza es un acto intimidatorio en contra de la Universidad Veracruzana (UV), advirtió la académica del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Mayra Ledesma Arronte
Al ofrecer una conferencia de prensa sin la presencia de Córdova Plaza, aseguró que el equipo encargado del proyecto “La UV como constructora de paz, alternativas a las violencias de Veracruz” es víctima de intimidación inaudita por parte del Gobierno del estado.
Lo anterior luego de que Córdova Plaza fuera citada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a comparecer en torno a su declaración sobre los casos de secuestros señalados por parte de estudiantes de la UV.
“No pueden amenazar a la Universidad Veracruzana porque el tema es que no es Rosío Córdova, no es Mayra Ledesma, somos la Universidad; la Universidad la componemos los que trabajamos en ella; las autoridades son los representantes legales, funcionarios que se deben al trabajo que hacemos todos los universitarios. Lo que pedimos es respeto a la autonomía universitaria y no vamos a ceder ante las amenazas”.
Dijo que raíz de la información dada a conocer por la investigadora han sufrido del desdén, descalificación de su trabajo y el descobijo institucional por parte de la rectora Sara Ladrón de Guevara González y del abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes.
Ledesma Arronte narró que durante la presentación de los resultados irrumpieron policías ministeriales que “acosaron” a Rosío Córdova para firmar el citatorio de la Fiscalía, a pesar de que su asistente ya la había firmado.
Dijo que incluso los ministeriales le impidieron el paso a Córdova Plaza para salir del recinto, por lo que tuvo que marcarle a su abogado y ponerlo en altavoz a fin de que les dijera a los ministeriales que no estaba obligada a firmar el citatorio, tras lo cual se retiraron.
“No solo se trató de un acto intimidatorio y de absoluta falta de respeto al trabajo académico que realizamos, sino que es violatorio del artículo 123 de la Ley de Víctimas de Desaparición que consagra de manera genérica el derecho de las víctimas y la sociedad civil organizada, por ejemplo las personas defensora de derechos humanos o las instituciones académicas, de investigar libre e independientemente sobre los hechos vicitmizantes y aportar informaciones de sus investigaciones al debate público”.
Por ello, exigió a las autoridades de la Fiscalía a “ponerse a trabajar” y hacer los citatorios para los expedientes “de los miles de desaparecidos” que existen en el estado.
“Exigimos a las autoridades de la Fiscalía que se dediquen con prontitud y profesionalismo y sean tan expeditos como ayer, a realizar el trabajo que les corresponde y por lo cual le pagamos los ciudadanos veracruzanos y que empiece a proporcionar la información sobre las personas desaparecidas en 2017 y lo que va de este año (…) Que el fiscal se ponga a hacer citatorios en expedientes abiertos de los miles de desaparecidos; (lo ocurrido) es una actitud de amenaza al trabajo que estamos realizando; lo sentimos mucho, pero lo vamos a seguir realizando”.
Y demandó que las autoridades de la UV, demandaron que rectifiquen su postura y realicen una disculpa pública al equipo de trabajo, y que se pongan a trabajar en el apoyo a sus académicos, pues dijo que es parte de su trabajo.
“Estamos profundamente indignadas por el maltrato y desdén con el que nos trataron la rectora y el abogado general de la UV; la rectora no se tomó la molestia de preguntar al equipo de investigación sobre la información que proporcionamos, a poner en duda la veracidad que se estaba manejando en los medios, a dudar de la calidad académica y científica del estudio que estamos realizando”.
