En México opera un sistema de operación de la sociedad civil que tiene un objetivo: ‘tirar’ el llamado Plan B de reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El periodista Darío Celis contó que entre estas asociaciones están Somos Uniendo Caminos México y Grupo Amparos Estados, colectivos que incluso ofrecen asesorías para el trámite de amparos contra la reforma electoral de la 4T.
“Incluso están convocando a un Zoom masivo el próximo 6 de febrero para aclarar cualquier duda y orientar a la ciudadanía sobre la forma de ampararse contra el plan B del obradorismo”, destacó el columnista.
¿Quiénes están involucrados en el ‘Plan C’?
Celis comentó que grupos de abogados están colaborando con la academia, partidos políticos y sociedad civil para detener la implementación de los recortes al Instituto Nacional Electoral (INE).
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“Circulan profusamente en las redes sociales y en grupos de chats de WhatsApp instructivos, recomendaciones y machotes de amparos individuales y de grupos para ejecutar inmediatamente”, agregó.
De acuerdo con Celis, el plan de la sociedad civil para oponer resistencia a la reforma de López Obrador seguirá estos pasos:
Tormenta de amparos contra el llamado plan B de la reforma electoral.
Marchas ciudadanas de decenas de miles dentro y fuera del país.
Impulso de un candidato ciudadano de la alianza opositora.
Sobre el último punto, uno de los acuerdos de ‘Va por México’ es que se tome en cuenta a todos los ciudadanos en la ‘carrera’ por decidir quién será el abanderado de la coalición en 2024, “garantizando así la posibilidad de que participe alguien que proceda de la sociedad civil”.
La planeación incluye que la resistencia se haga sentir en la “opinión pública, el Congreso, el Poder Judicial”.
La reforma propuesta por el mandatario fue aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre. El Senado avaló una porción, pero quedó otra pendiente, que será analizada la próxima semana.
El dictamen de la reforma electoral pendiente de aprobar es el que comprende reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; a la Ley General de Partidos Políticos, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
