El “Movimiento por la justicia” en Veracruz, encabezado por el senador Dante Delgado Rannauro, se conformó con senadores priistas, panistas; abogados, académicos y organizaciones civiles que exigen la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.
Frente a Palacio de Gobierno demandaron la liberación de las mil 33 personas detenidas por este delito en Veracruz, pues aseguraron que solo ha servido como un instrumento de represión del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
El senador Dante Delgado Rannauro dijo que el delito fue creado por el Gobernador, aprobados por un Congreso servil y ejecutados por jueces locales que actúan por consigna, con acciones abusivas que afectan la dignidad de las personas y que representan un atentado a la libertad, a la justicia, a la presunción de inocencia y a los derechos humanos.
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“José Manuel es inocente y fue encarcelado por órdenes del Gobernador de Veracruz; también están encarcelados Yolli, Omar, Adriana, Rogelio, Cristal, Miguel, Verónica, Tito, Facundo, Luz, Sergio, y no son los únicos. Mil 300 personas están privadas de la libertad injustamente, sin pruebas, sin juicio, sin sentencia; mil 33 vidas han sido truncadas, mil 33 familias están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes. Todo porque un Gobierno autoritario elaboró y logró la aprobación del delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva, que no es otra cosa que un instrumento de represión, un medio para encarcelar inocentes y mantenerlos presos injustamente”, señaló.
El senador Julen Rementería del Puerto cuestionó para qué sirve si un Gobierno realiza obra pero no respeta los derechos de los ciudadanos; y al señalar a Palacio de Gobierno, el panista dijo que se han dedicado a encarcelar a quienes no piensan como ellos.
La académica de la Facultad de Derechos de la UV Rosa Hilda Rojas exigió la derogación del delito de ultrajes a la autoridad por considerarlo ambiguo en su redacción, y que vulnera el principio de legalidad. Añadió que el delito de ultrajes a la autoridad en alguno casos solo ha sido un instrumento para criminalizar la disidencia, inhibir la participación política de la ciudadanía y en otros casos para negar y restringir derechos civiles, obstaculizando el acceso a un juicio justo, lo que afecta el estado de derecho.
El abogado Mario López dijo que barras y federaciones se han unido a este movimiento porque no están dispuestos a tolerar ningún tipo de abuso de poder, ninguna injusticia y menos cuando se comenten desde el propio Gobierno del estado. Y añadió que prestarán asesoría legal gratuita a los mil 33 personas detenidas injustamente; “no vamos a permitir que un solo inocente siga preso por la intransigencia y abuso del Gobierno”, dijo.
