Noviembre es un mes muy importante en Veracruz. Es el mes de los tamales y los atoles de la época de Todos Santos o de los Fieles Difuntos que espera la población católica. Pero los políticos también lo aguardan con ansia. Es el mes del informe anual del gobernador, cuyo documento y mensaje se da a conocer el 15 de noviembre. Unos días antes -el día cinco-, se realiza la renovación de la legislatura del estado, cuyos integrantes se eligen cada tres años.
Pero antes de todas esas celebraciones, este año los diputados salientes deberán aprobar la Cuenta Pública del año 2020, recordándose que semanas antes, en este gobierno, apenas aprobaron la Cuenta correspondiente a 2019, que se entregó con mucha tardanza debido a que el ORFIS requirió tres prórrogas para poder cumplir con esa obligación constitucional.
Lo único malo es que los veracruzanos sienten que la demora mencionada no es el único problema en los cuestionados procederes de la fiscalización. El principal detalle a analizar es la sospecha de que, en ese ORFIS de Delia González Cobos, hay mucha maestría para hacer sabrosos tamales, con carne y sin carne, junto a diferentes atoles para endulzar y saborear, si se quiere, hasta el dedo índice. Hay que ver los siguientes datos y recordar al fallecido filósofo Juan Gabriel con aquella sentencia de “Lo que se ve, no se juzga”.
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En la Cuenta Pública de 2019, el órgano fiscalizador encontró posible daño patrimonial por 279. 8 millones de pesos en los entes estatales, cuando en ese año los egresos del Estado fueron por 148,636.8 millones de pesos, de los que 81, 033.3 millones de pesos fueron para gasto corriente y 2,763 millones fueron para gasto de capital. Si sumamos estas dos últimas cifras, que fueron las que se gastaron realmente en las instituciones del gobierno estatal, resulta que solamente el 0.33%, o sea, menos del 1%, correspondería a daño patrimonial.
En la Cuenta Pública de 2020, el ORFIS encontró posible daño patrimonial por 171.6 millones de pesos en 44 entes estatales, cuando en ese año los egresos del estado fueron por 153,955.3 millones de pesos, de los que 82,866.6 millones de pesos fueron para gasto corriente y 6,764.1 millones fueron para gasto de capital (obra pública y adquisiciones de bienes muebles e inmuebles). Si sumamos esas dos últimas cifras, resulta que solamente el 0. 19%, menos del 1% correspondería a daño patrimonial, si efectivamente lo hubiera, dice Delia.
Estos dos esclarecedores párrafos, muestran que la eficiencia y honestidad del gabinete cuitlahuista aumentó todavía más en 2020, y eso explicaría las más de diez veces que AMLO ha venido a gritarle a voz en cuello a Cuitláhuac, que, a su decir, es un gobernante honesto como el que más. Y esa certificación de honestidad valiente a los integrantes del gobierno estatal, se la deben a la magistral y risueña Delia y a su ORFIS limpiador y forjador de credibilidades.
Ese trabajo exhaustivo y con microscopio empañado, también nos comprobó que Juan Gabriel no se equivocó. Con estos Informes de Cuenta Pública, queda claro que en el gobierno de Cuitláhuac todo es tan pulcro, que recuerda el prístino manejo que hacía a los dineros y presupuestos aquel tuxpeño Cisne duartista.
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Cuitláhuac podrá celebrar sus primeros tres años de gestión con altar de honradez y con limpieza mediática en el manejo de los dineros. Ya después alguien vendrá a dilucidar cómo se asignaron las escasas obras públicas que pudiera hacer en los tres años que restan, cómo quedan los asuntos de la creciente deuda pública, a dónde fueron a parar las compras fantasma, como las que se informaron ayer en la SEV, cómo están las tripas y los sucios intestinos del sector salud, cómo fue que se destruyó la carretera de concreto de Alto Lucero, y principalmente, cómo administra los recursos de los veracruzanos el poderoso primísimo en la SEFIPLAN que adorna el dicharachero Lima Franco.
Por lo que se aprecia, los tamales y los atoles son la especialidad de la flamante auditora general del ORFIS. En Veracruz y en el gabinete cuitlahuista estamos en época de todos santos.
