La cantidad de grupos armados ilegales en México va en aumento y la actividad delictiva en el país se ha diversificado y ha llegado a nuevas áreas. Entre mediados de 2009 y 2020, se han contabilizado al menos 543, la gran mayoría de naturaleza criminal, y ligados directamente al aumento de la tasa de homicidios en las zonas más vulnerables a la violencia, asegura un nuevo informe de la organización independiente Crisis Group, que trabaja para “prevenir guerras y diseñar políticas” a favor de la paz.
Basándose en “sitios web de periodismo ciudadano dedicados a rastrear las actividades de los grupos criminales involucrados en el narcotráfico”, los investigadores desarrollaron una base de datos para identificarlos. Así, se ha demostrado que su cantidad se ha más que triplicado entre 2010 y finales de 2020 y actualmente “varían mucho en tamaño y alcance”.
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Según sus conclusiones, 212 de esos colectivos pertenecen a otros más grandes que los patrocinan como, por ejemplo, el Cártel de Sinaloa, que se estima que acoge a la mayoría de ellos. Se trata de células semindependientes que con frecuencia se enfrentan entre ellas, cambian de bando, se independizan, y en decenas de casos, se alían a otros.
“La Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) solo ha reconocido a nueve de estos grupos como principales organizaciones de narcotráfico. Al menos cinco de estas ya no operan como entidades unificadas”, añade el documento.
Un nuevo mapa del crimen
Crisis Group señala que los grupos criminales en México se han diversificado fuertemente y los lugares donde operaban “han cambiado considerablemente durante la última década”. Además de que en los últimos años su presencia en los municipios pasó del 11 % (2009-2010) al 29 % (2019-2020), ahora están involucrados en al menos 25 industrias.
“La tala ilegal, caza furtiva, producción y distribución de opioides, extracción y robo de mineral de hierro, delitos informáticos, secuestro, extorsión de pequeñas empresas y el tráfico de personas les han permitido a los grupos desarrollar operaciones en un mayor territorio”, puntualizan los expertos.
La mayor preocupación que genera este fenómeno es su relación con el incremento de la violencia. El aumento o la presencia de células criminales en determinado territorio se correlacionan directamente con la “tasa promedio de homicidios per cápita”. Sin embargo, los mayores niveles de violencia se registran si se trata de alguna de las nueve organizaciones que reconoce la DEA. Según aclara el estudio, “el control de ciertas regiones resulta más valioso para los grupos criminales. Las zonas que ofrecen mayores ganancias económicas tienen más probabilidades de atraer a nuevos grupos y son más propensas a la violencia”.
El “descabezamiento”: ¿estrategia fallida?
Para erradicar el narcotráfico y desmantelar las organizaciones criminales, México ha optado por años en la militarización y, en particular, por la “estrategia de descabezamiento”, que convierte en objetivo militar a sus líderes de alto perfil. Esta política se ha mantenido a través de varios periodos presidenciales, pero ha desencadenado un “vertiginoso aumento de las tasas de homicidio”. El actual presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador, se ha distanciado de estos lineamientos, pese a que sus críticos aseguran que con la creación de la Guardia Nacional en 2019, se está inclinando hacia las estrategias militarizadas anteriores.
Aunque el descabezamiento “debilitó” las grandes estructuras criminales, la ausencia de liderazgo en ellas dio pie a la fragmentación y a la entrada de nuevas agrupaciones en zonas antes fuertemente controladas. “La extradición de ‘El Chapo’ a EE.UU. generó una disputa por la sucesión entre los Chapitos y su antiguo lugarteniente. La violencia en Sonora estalló cuando grupos locales, facciones de Sinaloa y otros grupos se enfrentaron para apoderarse de una región que antes se consideraba firmemente bajo el control de ‘El Chapo'”, ejemplifica el texto.
Hasta ahora no hay evidencia de que el debilitamiento de las estructuras criminales haya reducido la violencia. Por el contrario, grandes redes continúan operando ampliamente, mientras los homicidios van en aumento. En paralelo, se ha producido la proliferación de grupos medianos y pequeños, “lo que hace cada vez más inútil un enfoque dirigido a los capos”, explica Crisis Group.
Un nuevo enfoque
En este contexto, los autores de la investigación hacen un llamado a la puesta en marcha de un enfoque más prometedor contra esta problemática que “aborde las características regionales propias de los conflictos y sus causas particulares”. De este modo, se propone un mayor apoyo estatal y federal en favor de intermediarios locales, como el propio Crisis Group, para facilitar acuerdos entre criminales y la fuerza pública que fomenten una mejor protección de la población civil, “que cada vez más es objeto de extorsión, desplazamiento, ejecución y desaparición”.
Cortar los vínculos entre funcionarios estatales y grupos criminales mediante la creación de unidades de fiscalía y policiales especializadas, fortalecer las economías legales, y reforzar la cooperación internacional para impedir que los grupos armados internos de México dispongan de armamento y financiación, también serían fundamentales dentro de una nueva estrategia, concluye el análisis.
