El presidente Enrique Peña Nieto “está valorando” si ejerce su facultad de vetar las leyes anticorrupción, cuyos cambios en el Legislativo generaron gran controversia en el país, declaró este miércoles el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Peña Nieto sostuvo la noche del martes un encuentro con los líderes del sector privado, quienes “expresaron sus preocupaciones respecto a la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en este paquete de leyes”, informó la Presidencia en un comunicado divulgado esta madrugada.
Castañón declaró a Radio Fórmula que fue una “reunión larga” en la que Peña Nieto se mostró “abierto” y “sensible” sobre sus inquietudes en relación a las modificaciones realizadas a la iniciativa conocida como Ley 3de3.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado, el Verde Ecologista, cambiaron el artículo 29 para que los funcionarios puedan eludir la publicación de información en su declaración patrimonial y de intereses que pueda “afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”.
También modificaron el artículo 32 del proyecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para obligar a los particulares que reciban recursos públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, lo que incluye a millones de beneficiarios de becas y programas sociales.
El presidente del CCE indicó que Peña Nieto se comprometió a analizar los cambios y a “encontrar la mejor solución” de acuerdo con sus facultades.
Entre esas facultades, añadió, está la posibilidad de vetar la iniciativa y devolverla al Legislativo con “recomendaciones de redacción” a fin de que el Sistema Nacional Anticorrupción pueda ser implementado de una “manera eficiente”.
El evento en el que el presidente mexicano promulgará el paquete de siete leyes que permitirán poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobados la semana pasada por las dos cámaras, estaba programado para este miércoles, pero el martes la Presidencia confirmó su cancelación.
Empresarios de 65 centros pertenecientes a la patronal mexicana se manifestaron en la capital del país para exigir el respeto al espíritu original de la 3de3.
Ahora se pide “a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados”, es decir, presentar las tres declaraciones, señalaron.
Esta iniciativa llegó al Legislativo con el respaldo de más de 600.000 firmas de ciudadanos y buscaba obligar a los funcionarios a rendir cuentas sobre la evolución de su patrimonio al hacer públicas las tres declaraciones.
Más de 110 mil ciudadanos han firmado ya una petición dirigida al presidente para que use su derecho de veto, a fin de que los dos artículos modificados “cumplan con lo originalmente planteado” por la iniciativa.
Con información de Radio Fórmula
