El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusó una confabulación entre la senadora Olga Sánchez Cordero, y el fiscal Alejandro Gertz Manero para perseguirlo; así como valerse de su poder y recursos públicos para buscar “venganzas personales”.
En un testimonio escrito y publicado en la reciente edición de la revista Proceso, Scherer Ibarra señala un modus operandi “extorsivo” que se replica en los casos de Juan Collado, Inés Gómez Mont y Álvarez Puga, el desfalcó a la Cooperativa Cruz Azul y en el caso de una concesión sobre el Viaducto Bicentenario.
En el texto, el exconsejero Jurídico de López Obrador cuenta el origen de los ataques de ambos servidores públicos y asegura: “Más allá de mí, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos. La traición habita en ellos”.
De acuerdo Scherer Ibarra, detrás de las acusaciones en su contra respecto a una supuesta extorsión al abogado Juan Collado están los intereses de ambos funcionarios.
“Mi única participación en el caso de Juan Collado fue recibir y escuchar a sus hijos, siempre a petición suya y siempre remitiéndolos a la fiscalía. La verdadera extorsión fue de Sánchez Cordero y del fiscal Gertz al hacer pensar a Collado que lo ayudarían a cambio de mentir por venganzas personales absurdas”.
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Según Scherer Ibarra, fue Sánchez Cordero quien llevó a su amigo Antonio Collado con Alejandro Gertz Manero para ofrecerle un criterio de oportunidad con el que su hermano podría obtener la libertad a cambio de denunciarlo.
“Desde su posición de poder, Sánchez Cordero y Gertz Manero se valieron de la desesperación de Juan Collado para perseguirme e inventaron una falsa extorsión. Tiempo después el propio Javier López, quien era el abogado de Juan Collado, me contó de ese acuerdo perverso para perjudicarme del que no quiso ser parte. Desde luego, renunció”, cuenta.
En el texto, el exconsejero Jurídico de López Obrador describe una reunión en la que Gertz Manero le dijo desafiante: “Usted podía haber elegido entre un fiscal amigo o un fiscal enemigo”.
Relata que aunque lo apoyó para ser titular de la FGR, un reportaje sobre la compra de una propiedad en Las Lomas que no hizo publicó despertó la ira del Gertz Manero y lo acusó de haber facilitado información al medio.
“El reportaje de Proceso despertó en el Fiscal una ira que hasta entonces desconocía y la descargó en mi contra”, describe.
Luego vinieron más acusaciones: haber filtrado a la prensa un supuesto borrador sobre las reformas al sistema de justicia y haberle negado “el favor” de impedir que su cuñada Laura Morán y la hija de esta, Alejandra Cuevas Morán, obtuvieran un amparo por la acusación del homicidio de su hermano Federico Gertz Manero, de lo que él las acusa.
“(Alejandro Gertz Manero) Hace uso de la Fiscalía como si fuera su despacho privado y tiene a Juan Ramos López, su subprocurador, como abogado de cabecera para privilegiar el avance de sus asuntos personales por encima de las cuestiones emblemáticas del gobierno, como el combate a la corrupción y la persecución a la delincuencia organizada, donde no alcanzan a verse los resultados concretos que le fueron encomendados”, señala Scherer Ibarra.
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Otros casos con modus operandi “extorsivo”
Asimismo, el exconsejero jurídico de la Presidencia asegura que otro caso que se “fabricó” para dañar su reputación es el de la pareja de Inés Gómez Mont y su marido, Víctor Manuel Alvarez Puga.
Relata que como en el caso Collado, familiares de Gómez Mont también buscaron un criterio de oportunidad, pero el fiscal Gertz Manero se lo ofreció a cambio de implicarlo –nuevamente– en una supuesta trama de extorsión.
“Sólo que, esta vez, la integridad de los implicados no hizo posible obsequiar los deseos del fiscal y la exministra: la familia Gómez Mont se negó categóricamente a ser parte de esa infamia”, comenta.
En el texto, el exfuncionario apunta que en el caso del desfalcó a la Cooperativa Cruz Azul por mil 600 millones se intentó repetir el mismo modus operandi: dar un criterio de oportunidad siempre y cuando se denunciara a los abogados Barradas y García asociándolos con Scherer Ibarra.
“Si el despacho García González y Barradas se involucró en los asuntos penales del caso Cruz Azul fue porque uno de sus socios, Roberto García, es primo de García Luque, abogado de Cruz Azul antes de que yo fuera consejero jurídico de la Presidencia”, destaca.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente ante un juez a cuatro socios de un despacho de abogados a cargo de los casos de corrupción más importantes en el actual sexenio (Agronitrogenados, OHL y la Estafa Maestra) de haberse coludido para extorsionar a potenciales clientes aprovechando la supuesta cercanía y complicidad que tenían con el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.
De acuerdo con documentos judiciales a los que Animal Político tuvo acceso, la Fiscalía encontró elementos suficientes para acusar a los cuatro abogados pertenecientes al despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” de ser presuntos responsables de los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación delictuosa y extorsión. Hasta ahora no ha encontrado evidencia para imputar a Julio Scherer de algún delito, aunque las indagatorias continúan.
Su relación con Sánchez Cordero
Sobre Sánchez Cordero, dice que desde un principio quedó acotada en sus funciones como secretaria de Gobernación porque el presidente le restó a la dependencia la responsabilidad de la seguridad pública y le encomendó, especialmente, la atención del caso Ayotzinapa.
Sumado a ello, la interlocución con la Fiscalía General y con el Poder Judicial recayó en él, como Consejero Jurídico de la Presidencia. “La ministra en retiro no se permitió sobreponerse al desengaño y desde entonces emprendió una investigación sobre mi persona y mis actividades profesionales”, asegura.
Scherer Ibarra detalla que, en un amplio documento, Sánchez Cordero presentó una serie de fabulaciones respecto a su relación con despachos como el de Rivera Gaxiola, Kalloi, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca, así como el bufete Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá Abogados, entre algunos otros.
“No es un misterio que en diferentes momentos de mi actividad profesional trabajé con estos despachos: consta en mi currículum vitae. Sin embargo, la exsecretaria pretendió infamarme al insinuar que hice de la cercanía y el servicio al gobierno un muy redituable e ilegítimo modo de vida”, sostiene en el texto.
