Nadie puede negar que el país lleva años con serios problemas en la prestación de servicios públicos de salud. A las antiguas quejas por el mal servicio que dan el IMSS y el ISSSTE, se sumaron cientos de clínicas y hospitales sin concluir y no pocas irregularidades financieras y operativas en el extinto Seguro Popular. Estas fueron las herencias que el régimen de Peña Nieto le dejó al gobierno de López Obrador.
En Veracruz esas dificultades se replicaron fielmente. Desde el gobierno de Javier Duarte quedaron inconclusas muchas instalaciones de salud que se habían iniciado a lo largo y ancho del territorio. Y debe recordarse que después de su apresamiento en Guatemala, el primer funcionario de su gabinete que detuvieron por motivos de corrupción y desvíos de recursos, fue Leonel Bustos Solís, quien estaba como responsable del Seguro Popular en el estado.
Como todos saben en México, el derecho a la salud es un tema que sigue pendiente en la agenda nacional. Los indicadores al respecto son inferiores a la media en varios rubros, si se comparan con países de similar nivel de desarrollo.
Con semejantes antecedentes, era ingenuo pensar en soluciones rápidas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y más, cuando el propio presidente de la república ordenó centralizar todas las adquisiciones de medicamentos, ajustar los presupuestos e intervenir en la designación de funcionarios de administración en las diversas secretarías, dejando a cargo de ello a la oficial mayor de la SHCP.
En esas tres tareas han ocurrido fallas e irresponsabilidades que pasaron costosa factura a los diferentes sistemas de salud pública y al mismo mandatario. Manifestaciones, inconformidades, corrupciones en los suministros, carencia de medicamentos y falta de atención han sido la constante hasta ahora.
La gente ya no reza para curarse, más bien acude a la oración para no enfermarse en estos tiempos tan complicados. Es un tema que resulta estratégico en lo social y en lo político. Por cierto, una de las renuncias más sonadas el año pasado fue la del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien prefirió retirarse antes que quedar en ridículo.
En estos primeros días del 2020, López Obrador ha tenido que reunirse con los gobernadores para echar a andar el pomposo Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y contener el movimiento de rechazo que intensifican los gobernantes emanados del PAN.
Pero también han surgido numerosas criticas por la impreparación y falta de trayectoria del funcionario que designó en ese Instituto, un personaje que ha pasado los últimos años más en funciones relacionadas con la arqueología y la historia, que en actividades asociadas a la salud. Y además de ello, los medios de comunicación reportan incidentes y noticias sobre una serie de fallidas disposiciones y cobros indebidos en el novel INSABI.
El país entero y los veracruzanos que ya no saben qué hacer con el incompetente secretario Alor en los Servicios de Salud, esperan que no ocurran males mayores en el plazo que ha dado AMLO para que funcione la nueva institución que sustituyó al Seguro Popular.
Ojalá que el primero de diciembre próximo -como ofrece el que manda- acaben las decisiones insanas en los asuntos de la salud y lleguen las soluciones humanas y correctas. Por la salud de los mexicanos y del propio Andrés Manuel.
