Por mucho que hablen o se pretendan difundir en redes sociales los funcionarios cuitlahuistas, lo cierto es que los veracruzanos no ven un número suficiente de obras y acciones realizadas por el gobierno del estado, que pudiera justificar los presupuestos erogados y los endeudamientos contratados en los dos años y medio que lleva la administración de García Jiménez.
Pero si a esta realidad se le suman los comentarios e inconformidades que manifiestan empleados sindicalizados, contratistas y prestadores de servicios de varias dependencias y organismos públicos, comienzan a entenderse las razones por las que en el tercer año de administración no hay informes de cuenta pública o informes de auditorías a cargo del ORFIS o de la Contraloría General y el porqué a sus colaboradores solo les importa su propio placer atropellando muchas veces la libertad de los otros.
La preocupación e incredulidad de la sociedad crece más cuando desde el palacio de gobierno las autoridades de la procuración de justicia parece que están tratando de enturbiar el proceso electoral que finaliza el próximo 6 de junio, enderezando denuncias y encarcelamientos contra actores políticos de la oposición. El último de esta lista es el candidato Nicolás Ruiz Roset, llevado a prisión la semana pasada en cuanto fue registrado por la coalición PAN-PRI-PRD para contender por la alcaldía de Minatitlán.
Todo indica que Cuitláhuac García trata de mantener a toda costa a políticos de la corriente obradorista que sostengan e impulsen a diputados afines o pertenecientes al grupo del gobernador.
La opacidad mostrada hasta ahora respecto a las cuentas y las finanzas de gobierno no obedece únicamente a falta de experiencia de políticos novatos. Más bien muestra indicios de que se trata de un desorden muy bien organizado, en el que tienen mucho que ver cerebros como el de Cuitláhuac, su primo Eleazar Guerrero, el secretario José Lima, la contralora general Mercedes Santoyo y como fiel cancerbera de la oscuridad, la indefendible Delia González Cobos.
Por estas razones, será necesario que los ciudadanos elijan a diputados ajenos a Cuitláhuac García y todo lo que él representa. Los diputados locales y también los federales que entren en funciones tendrán que estar atentos y vigilantes del uso correcto de los dineros públicos de Veracruz, si no quieren sorpresas y nulos resultados como los que entregó al final Javier Duarte.
La nueva diputación local una vez en funciones, deberá exigir la renuncia de Mercedes Santoyo y destituir a Delia González por omisas, irresponsables e ineficientes y ordenar al propio ORFIS renovado, la realización de una auditoría integral a los recursos de los tres primeros años del cuitlahuato en todo el aparato de gobierno en sus tres poderes. Una auditoría física, legal, técnica y financiera en el total de las dependencias y entidades del gobierno del estado, una revisión exhaustiva a las adjudicaciones y contratos de obras, adquisiciones, elaboración de proyectos, asesorías y servicios en general.
Una revisión al revés y al derecho que acabe y aclare los rumores y preocupaciones de los altos y medianos jefes sobre el pago de obras y adquisiciones de papel y ficticias, sin evidencia física de construcciones, infraestructuras o entregas de materiales. Una revisión que evalúe los precios unitarios, la calidad y durabilidad de las obras por las que los contratistas cómplices, a decir de los empresarios veracruzanos, tuvieron que aportar hasta el 30 por ciento del costo total para entrar en el selecto club de adjudicaciones.
Una revisión pura y dura que podría explicar el desastre de Veracruz y la gravedad de lo que está escondiendo el “honestísimo” gobierno de Cuitláhuac, temas que pueden comenzar a destaparse a partir de noviembre de este mismo año.
La clave está en que Morena no logré la mayoría en el Cámara de diputados y en el Congreso de Veracruz. Renovarse o morir.
Veracruz entero espera el surgimiento de los lodos que producen las malolientes fórmulas 4T.
Pero… usted decide.
