El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares como el fiscal Jorge Winckler Ortíz tendrán la obligación judicial de no hablar más a la opinión pública sobre el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita sobre su relación en el caso de 15 personas víctimas de desaparición forzada.
Esto, luego de que un Tribunal Colegiado de Circuito dio la razón a un juez federal para que ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares difundan información respecto de este proceso.
Aunque la petición de la defensa de Arturo Bermúdez también abarcaba a los medios de comunicación, el juez federal como el Tribunal Colegiado han considerado que este silencio no aplica para los comunicadores.
El pasado 26 de febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, resolvió el toca de queja 39/2018 interpuesto por la FGE a cargo de Jorge Winckler Ortiz, contra la resolución del juzgado decimoséptimo de distrito, del pasado 15 de febrero.
En dicha determinación, el juez federal consideró que tal como lo planteó la defensa de Bermúdez, tanto la Fiscalía como el gobierno del estado, han hecho parecer al ex jefe policiaco y otros mandos y elementos, como culpables del delito por el que están vinculados a proceso, sin que exista hasta ahora una sentencia por el mismo.
Por ello, ordenó que a partir de la emisión de la suspensión provisional, el fiscal, el gobernador, y todo el aparato del estado se abstuvieran de filtrar alguna información respecto del proceso, como mencionar su nombre y el avance de las indagatorias.
El tribunal declaró infundado el recurso de revisión y remitió su dictamen el pasado 27 de febrero al juzgado de distrito que conoce del caso.
Este lunes tendrá verificativo la audiencia incidental del caso, y en ella se definirá si se otorga la suspensión definitiva a Bermúdez y sus elementos que participaron en los actos, que hasta ahora, acreditan la desaparición de 15 víctimas.
