Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la primera parte del llamado plan B electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó este martes a los ministros de actuar con prepotencia y autoritarismo, y de intervenir en el Poder Legislativo al “corregirle la plana”.
“Ellos deciden que una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no es válida, porque los legisladores violaron los procedimientos internos, que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma en forma independiente, no violaron absolutamente nada“.
“Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial“, señaló durante su conferencia matutina.
Además, el presidente acusó a los ministros de la Corte de estar al “servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos”.
“Están actuando de manera facciosa, imagínense, componerle la plana al Poder Legislativo (…) El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores, que ahora forman parte del supremo poder conservador, están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen”, consideró.
En tanto, tras afirmar que el Poder Judicial “está podrido” y que “no tiene remedio” anunció que enviará una iniciativa de reforma constitucional para que los ciudadanos elijan de forma directa a los ministros de la Suprema Corte.
Detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y en las que espera que Morena y sus aliados recuperen las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.
Ayer, con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, incluidas en la primera parte del plan B electoral.
La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudieran pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
