México superó las 100 mil personas registradas como desaparecidas de acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, una de cada tres personas desaparecidas se han registrado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al contabilizarse 31 mil 533 desaparecidos en lo que va de la actual administración.

Ante ello, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas hizo un llamado enérgico para que el Estado mexicano priorice la atención a esta problemática y defina una política pública del Estado para prevenir y detener las desapariciones en el país.

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Dicho consejo consideró, en un comunicado, que se requiere construir de manera inmediata una agenda que permita, junto con la sociedad organizada, los familiares de personas desaparecidas y la sociedad en su conjunto, crear e instrumentar un Plan Nacional de Prevención ante la alarmante desaparición de personas.

Así, demandó que, a través de las instituciones correspondientes, se redoblen los esfuerzos y se dé celeridad a los mecanismos e instrumentos incluidos en la ley que faltan por crear como los siguientes:

El programa nacional de búsqueda; el registro nacional de fosas comunes y fosas clandestinas; el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas; el banco nacional de datos forenses; el programa nacional de exhumaciones identificación; el reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; los lineamientos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; y el sistema único de información tecnológica e informática.

En abril pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su informe sobre su visita a México, en el cual destaca que “la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta”, pues informó que entre el dos y el seis por ciento de los casos de desaparición resultaron en procesos penales, y sólo se habían dictado 36 condenas a nivel nacional.

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