El tráfico de armas fue uno de los desafíos de mayor calado para el Gobierno de México durante el año 2021. Aunque el número total de víctimas es difícil de precisar, se estima que los primeros tres años de la actual Administración del país latinoamericano se registraron más de 100,000 asesinatos. En gran medida, la responsabilidad recae en las armeras estadounidenses que producen muchas de las armas de fuego usadas en México.
Uno de los asesinatos con uso de armas de fuego fue el que costó la vida a Oliver Wescenlao Navarrete Hernández en 2013. El hombre, de 31 años, fue secuestrado cerca de su casa por un grupo criminal que opera en Morelos, siendo encontrado sin vida 10 días después. “Entre siete personas lo subieron al coche, lo golpearon con un bate de béisbol y se lo llevaron”, relató a RT una activista y familiar de la víctima, Amalia Hernández.
Asimismo, señaló que el cuerpo de su sobrino tuvo que ser sometido a pruebas genéticas para poder ser identificado y conocer la causa de su muerte. “Es cuando ya tenemos el dictamen de la necropsia y ahí es en donde podemos leer que había sido por el disparo de un arma de fuego”, explica la familiar.
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Hasta el momento, los asesinos de Hernández permanecen libres, tras omisiones de las autoridades. Incluso, la propia Fiscalía de Morelos, a pesar de haber identificado el cuerpo, lo inhumó junto a otros 118 cadáveres en Tetelcingo, en condiciones que presumen colusión con grupos delictivos.
La familia de la víctima interpuso una serie de recursos legales para recuperar los restos, lo que derivó en un escándalo sobre las fosas ilegales en la zona. “A nosotros como víctimas nos llama mucho la atención el que un cadáver saliera de esa fosa del Gobierno, de una procuraduría, vendado, amordazado y con un disparo de arma de fuego”, señala la activista.
Un gran porcentaje de víctimas de estas fosas murieron por disparos de arma de fuego. Se estima que cada año entran en el país alrededor de medio millón de armas ilegales, el 70 % de las cuales proviene de Estados Unidos. En 2021, estas armas estuvieron involucradas en más de 17.000 asesinatos.
El pasado mes de agosto, México demandó a 11 empresas fabricantes de armas estadounidenses por prácticas comerciales negligentes que incentivan la violencia en el país. “Y en este caso, el modelo de negocios de estas empresas en los Estados Unidos es venderle a quien quiera comprar”, incluidos “prestanombres, delincuentes, miembros del crimen organizado y demás”, asegura el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio.
Las empresas argumentaron que no tienen el deber legal de proteger al Gobierno mexicano de criminales que abusan de esas armas. Sin embargo, el litigio, que seguirá en 2022, es sólo una parte de una estrategia más amplia. En noviembre, el tema fue llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la cumbre de los Tres Amigos.
Así, nació el Entendimiento Bicentenario, una nueva ruta en materia de seguridad entre EE.UU. y México, que pone fin a la Iniciativa Mérida. Durante el anuncio del acuerdo bilateral, el embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, reconoció por primera vez la responsabilidad de su país en el trasiego de armas. “Es responsabilidad de las dos naciones, pero reconocemos —como lo ha dicho el presidente Biden— que estas armas están viniendo los Estados Unidos”, expresó entonces Salazar.
En la primera mitad de este sexenio, se incautaron más de 26.000 armas de fuego, alrededor de 7.000 solo en 2021. A pesar de los esfuerzos, en el mercado negro, es posible comprar un arma a un tercio del costo real y si el arma está ‘caliente’, es decir, si se cometió un delito con ella, el precio es incluso menor.
Sin embargo, a México no solo entran armas fabricadas, sino también por piezas. “En algunos lugares en Guanajuato hay herreros que ensamblan armas y las rentan a grupos criminales. Ellos cometen sus delitos y luego las regresan”, asegura el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (INSYDE), Miguel Garza, que recalca que se trata de armas que no tienen huella balística ni registro.
Durante la actual Administración se han registrado más de 58.000 homicidios con arma de fuego. Se trata de armas que llegan a manos de cárteles mexicanos, incluso, como moneda de cambio para enviar droga a Estados Unidos. En ese intercambio, la vida de miles de familias queda destruida. “Ya no se vive, se sobrevive solamente, sí”, admite Amalia Hernández.
Además de combatir el trasiego de armas, las autoridades deben reducir los incentivos para matar, pues la impunidad en este delito es de casi el 90 % lo que, y eso sí que es verdad, no es culpa de los fabricantes de armas.
