En días pasados el presidente Enrique Peña Nieto presentó y firmó diez decretos que modifican vedas al uso de agua en 295 cuencas hídricas de nuestro país, entre las que se encuentran -en nuestro estado- las de los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Blanco, Jamapa, Actopan, Antigua y Papaloapan entre otros.
Con el paso de los días, diversos funcionarios federales han salido a los medios para desmentir cualquier intento por “abrirle la puerta a la privatización del agua” y niegan además que ello conlleve al uso de la misma para megaproyectos, desconocer el derecho humano al agua, así como derechos de poblaciones locales, de campesinos y de indígenas, de los cuales en Veracruz existen muchos, sobre todo en el Totonacapan y en la Huasteca Veracruzana.
En contraparte se han escuchado también voces de organizaciones de campesinos, de la sociedad civil y hasta investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes destacan que los decretos no mencionan el derecho humano al agua, lo cual a partir de la reforma al Artículo 4º constitucional, tiene que estar en el centro de cualquier política hídrica.
Cabe destacar que ante estas modificaciones a la ley, ahora que se eliminan las vedas vigentes por varias décadas, es posible asignar grandes volúmenes a las comisiones locales de líquido, varias de ellas bajo control privado, sostuvo en un análisis de los documentos, un grupo de expertos del programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Por ejemplo, en el caso de los ríos Actopan y La Antigua, la reserva establecida de agua para uso público-urbano contempla la asignación de estos volúmenes al gobierno de Veracruz, con una vigencia de 50 años, así garantizando la seguridad jurídica requerida por las empresas Odebrecht y Aguas de Barcelona, concesionarias del sistema de agua del puerto de Veracruz.
Asimismo permiten durante los próximos 50 años el otorgamiento de volúmenes a cualquier entidad elegible a ser titular de una asignación, esto incluye a cualquier entidad pública o paraestatal, como CFE y PEMEX, pues la propia ley abre la posibilidad para “uso público-urbano”, esto es, permite cualquier uso –industrial, servicios, y hasta producción de energía, minería o fracking– siempre que sea a través de un organismo operador estatal o municipal.
Nadie lo menciona, pero de igual manera estos decretos dan pie a la realización de trasvases, es decir, que el agua de una región puede ser llevada a otra, de tal suerte que el proyecto de trasvase Monterrey VI, es casi un hecho, mismo que consiste en llevarse el agua del río Pánuco a través de un kilométrico acueducto, hasta la sultana del norte, Monterrey, Nuevo León.
Todos los decretos contienen: “Las concesiones o asignaciones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán reconocidas siempre que el título esté vigente y no se haya incurrido en causas de suspensión, revocación o extinción”.
Aquí se dan por terminadas las “concesiones caducadas” de los ejidos y comunidades que fueron obligados a registrar sus DOTACIONES POR DECRETO PRESIDENCIAL de agua en la forma de concesiones, las cuales se han ido caducando, dado que no se imaginaban que tendrían que renovarse (hay 50,000 concesiones “caducas” en el país, principalmente de núcleos agrarios).
La prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua en 300 cuencas del país, que concentran 55 por ciento de lagos y ríos, se levantó y lleva a que el líquido sea concesionado (privatizado) a la industria minera, el fracking y la extracción de hidrocarburos, ya que gran parte de algunas cuencas coinciden con los sitios donde se prevén esas actividades, como en la región de Poza Rica, por lo que probablemente se tomen para ello miles de millones de metros cúbicos de agua de los ríos Tuxpan, Tecolutla y Nautla, que en opinión de diversas organizaciones, lejos de representar un beneficio, significa un enorme peligro para nuestras reservas de agua.
Con información de Noreste/Roberto Valerde
