Las persistentes inseguridad e impunidad en México están intrínsecamente ligadas a la debilidad crónica de sus instituciones de seguridad, justicia y penitenciarias. Producto del abandono, esta debilidad ha generado costos dramáticos para el país, no sólo en términos sociales y económicos, sino también en el ámbito político, al propiciar una creciente militarización, a todas luces inoperante para efectos de seguridad pública, e incompatible con una democracia moderna.
A nivel estatal, las policías, fiscalías y penales enfrentan un deterioro creciente resultado de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que no ha logrado implementar políticas nacionales efectivas para el desarrollo de estas instituciones, y de la disminución de fondos federales a costa del incremento a los presupuestos controlados por las Fuerzas Armadas.
En este escenario, Causa en Común, Perteneces – Justicia e Igualdad, e Impunidad Cero colaboraron para construir Índices de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia y Penitenciarias. Estos instrumentos permiten aproximarse a sus sistemas y mecanismos de carrera, profesionalización, régimen disciplinario, seguridad social y certificación, a los que se añaden otros aspectos propios de cada tipo de institución.
La contribución de este trabajo es la identificación de algunas fortalezas y buenas prácticas que pueden ser replicadas, así como de múltiples deficiencias que requieren de una atención urgente y, en algunos casos, de reformas profundas. En última instancia puede servir a manera de brújula para recuperarlas, y así comenzar a edificar un país menos inseguro e injusto. A continuación, se presentan algunos hallazgos destacados de cada índice.
I) Policías:
La mitad de las policías estatales carece de sistemas de servicio profesional de carrera. En materia de profesionalización, persisten limitaciones importantes en equipamiento e infraestructura, además de la falta de planificación en los procesos académicos. En el ámbito disciplinario, se evidencian debilidades en sus capacidades de supervisión, inspección e investigación interna, lo que dificulta la prevención de conductas ilegales. En materia de seguridad social, la mayoría incumple la obligación de establecer sistemas complementarios establecidos por ley a favor de los policías. Se observó un incumplimiento generalizado en cuanto a los mecanismos para regular, evaluar, supervisar y rendir cuentas sobre el uso de la fuerza.
II) Fiscalías:
Respecto a la autonomía que debieran caracterizar a las fiscalías, se mantienen mecanismos de designación y remoción de fiscales que permiten una influencia determinante por parte de los Ejecutivos estatales. En cuanto a profesionalización, persisten deficiencias en la formación inicial y en la actualización del personal sustantivo. La carrera ministerial presenta fallas en los procesos de promoción por mérito, y hay opacidad sistemática sobre el número de elementos acreditados en control de confianza, competencia y desempeño. Respecto al régimen disciplinario, faltan garantías para los denunciantes y no se transparentan las sanciones a los servidores públicos. Aunque hay avances en seguridad social básica, las disparidades en prestaciones evidencian áreas que requieren mejora para garantizar el bienestar al que por ley tiene derecho el personal.
III) Penales:
Persisten desafíos significativos en la carrera y profesionalización del personal de custodia, además de una limitada efectividad en los procesos disciplinarios y de certificación. De hecho, la falta de certificación internacional responde a graves deficiencias en gestión y seguridad, así como a obstáculos significativos para la reinserción social. En relación con la capacidad e infraestructura, llama la atención que algunas instituciones reportan un menor número de centros activos en comparación con otras fuentes oficiales. La mayoría de las autoridades responsables de los centros penitenciarios carecen de autonomía técnica y presupuestaria. La falta del enfoque de género en la gestión penitenciaria se traduce en condiciones desfavorables para las mujeres custodias.
IV) Los “otros datos”.
En el curso de la evaluación se identificaron obstáculos y limitaciones en cuanto a información que debería estar completa, actualizada y de fácil acceso al público. En ese sentido, la heterogeneidad de las respuestas, la insuficiencia de la información proporcionada, lo absurdo de algunas respuestas, o bien una inusual claridad en las mismas, acreditan tanto una creciente dificultad para acceder a datos confiables en nuestro país como una realidad cada vez más grave en cuanto al estado de estas instituciones. Algunos ejemplos:
- Las cifras de altas y bajas del personal son notoriamente contradictorias con el estado de fuerza informado por varias policías. Por ejemplo, el Estado de México informó que en enero de 2024 contaba con 14,362 elementos y en diciembre del mismo año con 14,325; es decir, 37 menos. Sin embargo, para el mismo periodo también reportó el ingreso de 650 elementos y la baja de 1,183; es decir, 533 menos.
- El Estado de México, Baja California Sur, San Luis Potosí y Yucatán indicaron que no cuentan con el catálogo de perfiles, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que sí lo tienen.
- Baja California reportó que la escala jerárquica de su policía estatal consta de un grado. Nueve corporaciones informaron contar con escalas inferiores a las que establecen sus propias leyes.
- La academia de Tlaxcala informó que no se ejerció presupuesto para la formación policial en 2024; sin embargo, reportó el egreso de 106 cadetes.
- En el Estado de México, el informe público anual sobre el uso de la fuerza no fue publicado porque “la ley no indica en dónde debe ser publicada la información”.
- Nayarit respondió que no cuenta con sistema de promociones ni con perfiles de puestos del personal de seguridad y custodia. Además, durante el 2024 no se llevaron a cabo promociones de grado para el ascenso.
- 22 entidades federativas afirmaron que no cuentan con una ley especializada en materia del sistema penitenciario.
- 13 entidades reportaron que ninguno de sus centros penitenciarios cuenta con certificación internacional.
- Durango respondió que se encuentra en el proceso de creación del Servicio Profesional de Carrera de su fiscalía.
- Pese a que la ley establece mecanismos para la promoción de grados, la fiscalía del Estado de México respondió que la promoción de su personal queda a discreción de los mandos.
- Campeche informó que no cuenta con un programa para la formación del personal pericial.
- Chiapas informó que no realizaron cursos de actualización ni cursos de formación inicial para el personal de la fiscalía durante 2024.
- En Baja California no se implementan procesos de certificación en materia de desempeño y competencias para ministerios públicos.
A partir de la evidencia recolectada se constató que las instituciones de seguridad, procuración de justicia y penitenciarias se encuentran en un estado que impide que cumplan con sus obligaciones de ley. El valor de este esfuerzo se encuentra, en primer lugar, en el hecho de que los parámetros de evaluación son precisamente las leyes que las rigen, evidenciando el abismo que existe entre éstas y la realidad; en segundo lugar, en el hecho de que los resultados y saldos en cada rubro y en cada entidad los ofrecen directamente las propias instituciones evaluadas; en tercer lugar, en el desglose puntual de los aspectos que comprenden el desarrollo de dichas instituciones.
También relevante a partir del presente trabajo es el dato de que la mayoría de las instituciones de referencia operan cada vez más como “cajas negras”. En algo quizá influya el ejemplo de los últimos gobiernos federales, los cuales se han esmerado en la distorsión y el ocultamiento informativos; en la destrucción del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia del que formaba parte; en promover regresiones legislativas para incrementar la opacidad y derogar derechos asociados a la privacidad; y en su creciente acoso a periodistas y medios de comunicación independientes.
Dadas estas tendencias, es previsible que continúe el deterioro de las instituciones de seguridad y justicia, el cual se empalma con la destrucción del Poder Judicial y con la militarización de la seguridad pública, entre otras muchas áreas que, en democracia, corresponden a la esfera civil. Es natural también prever que el país cuente con cada vez menos información confiable. Sirvan documentos como el presente para ofrecer una hoja de ruta hacia la reconstrucción, si algún día hubiera las condiciones que la permitieran.
