De acuerdo con la propuesta de reforma al Poder Judicial, Andrés Manuel López Obrador intentará que para junio del 2025 sean elegidos por “voto popular” mil 688 cargos que van desde jueces, magistrados hasta los Ministros de la Suprema Corte.
Para poder sacar adelante esa reforma constitucional es necesario la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores.
La iniciativa de López Obrador busca la elección por “voto popular” de los integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), así como de todos los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que organizar en junio de 2025 la elección de al menos mil 688 cargos, de los cuales sólo 21 serían votados en toda la república mexicana, mientras que el resto se dividirían por estados.
A esos cargo judiciales aspirarían casi 10 mil personas, debido a que la reforma permite al Ejecutivo, al Congreso y a la Corte nominar varios aspirantes a cada puesto.
Para el Poder Judicial de la Federación, los cargos de elección nacional serían 9 integrantes de la Corte, siete de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial. Para cada uno, el Ejecutivo y la propia Corte podrían nominar hasta 10 candidatos, y el Congreso otros cinco.
El grueso de las votaciones sería para mil 649 jueces y magistrados, cifra que podría ser mayor para mediados de 2025, por la creación de nuevos juzgados y tribunales, además de 18 lugares en salas regionales del TEPJF.
Los mil 649 jueces y magistrados en funciones, que tramitan más de dos millones de amparos y juicios penales, civiles y laborales, podrían participar en la elección, y seguirían en su cargo hasta que asuman los ganadores.
Si Morena quiere facilitar la reforma, podría limitar la elección popular a los 21 cargos cupulares del PJF, pues la Corte puede atraer y revocar la gran mayoría de las sentencias relevantes dictadas en órganos inferiores.
La iniciativa presidencial también obliga la elección por “voto popular” de poco más de 5 mil jueces y magistrados de los 32 tribunales estatales.
