Jesús Lezama
En una época marcada por la polarización política, la propaganda encuentra un terreno particularmente fértil. No necesita grandes mentiras ni complejas teorías conspirativas, le basta con explotar prejuicios, resentimientos y lealtades ideológicas. Bajo esa lógica, el debate público deja de girar en torno a hechos verificables y se desplaza hacia una confrontación de identidades, consignas y relatos morales cuidadosamente construidos.
El resultado es un deterioro evidente de la conversación democrática. El análisis serio pierde espacio frente a la simplificación política. Los argumentos dejan de evaluarse por su contenido y pasan a medirse por el bando del que provienen. Así, la propaganda cumple su cometido; convertir la política en un campo emocional donde la lealtad pesa más que la evidencia.
México no es ajeno a esta dinámica. En los últimos años, el discurso impulsado desde el poder y amplificado por el partido gobernante, Morena, ha consolidado una narrativa de confrontación permanente. La vida pública se explica bajo una lógica binaria: “el pueblo” contra “los adversarios”, “chairos” contra “fifís”, la llamada transformación frente a los supuestos defensores del viejo régimen.
Ese encuadre discursivo se instaló con fuerza durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continúa marcando buena parte del debate político. La política se comunica cada vez más como un conflicto moral antes que como un ejercicio de deliberación institucional o técnica.
Un ejemplo reciente es la propuesta de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum y respaldada por Morena. En el discurso oficial, la iniciativa se presenta como una medida para profundizar la democracia, reducir costos y terminar con los privilegios del sistema electoral. Sin embargo, el debate público ha sido conducido más por consignas políticas que por un análisis técnico de sus implicaciones institucionales.
La discurso oficial insiste en que cualquier crítica a la reforma equivale a defender intereses del pasado o a proteger estructuras burocráticas. Bajo ese marco, quienes plantean dudas sobre la autonomía electoral, el equilibrio entre poderes o la estabilidad del sistema democrático quedan rápidamente ubicados en la categoría de adversarios políticos.
El problema no es la discusión sobre reformas -toda democracia madura las necesita-, sino la manera en que se encuadra el debate. Cuando la conversación pública se organiza en torno a lealtades políticas y no a argumentos verificables, la deliberación se empobrece. Las reformas dejan de analizarse por sus méritos y se evalúan por la identidad de quienes las promueven o las cuestionan.
Y en medio de esa narrativa surge una pregunta: ¿quiénes son realmente los que no quieren perder los privilegios?
En política, como en la propaganda, el poder suele señalar privilegios ajenos mientras evita mirar los propios.
