El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que citarán a comparecer a los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que informen sobre los hechos violentos del jueves pasado en Culiacán, Sinaloa.
En entrevista televisiva, el también coordinador de los senadores de Morena señaló que lo anterior será mediante un acuerdo con las otras bancadas, que han manifestado su preocupación por la violencia en dicha entidad federativa.
Indicó que el gabinete de seguridad tiene que rendir un informe al Senado para conocer los alcances, límites y fallas en materia de estrategia de seguridad pública.
El Senado, enfatizó Monreal Ávila, tiene la obligación de responder lo anterior porque “no podemos rehuir o tapar ningún evento ni acontecimiento, que la población exige la transparencia de lo que se suscitó no solo en Sinaloa, sino también en Michoacán y en Guerrero”.
Citar a comparecer en el Senado a dichos funcionarios no es ni interferencia ni invasión de competencias, sino que el Senado tiene la potestad constitucional de hacer comparecer a los funcionarios involucrados con la seguridad pública, para que “revisemos la estrategia”, enfatizó el morenista.
Añadió que respetan el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo avalan desde la concepción misma del Plan Nacional de Desarrollo hasta los planes en los que se ha visto inmerso todo el sistema político mexicano, a fin de diseñar esa nueva estrategia de seguridad pública, que ha tardado en dar resultados.
Al ser cuestionado sobre los hechos violentos en Culiacán cuando fuerzas federales pretendían arrestar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el senador de Morena señaló que el tema central y la columna vertebral del principal problema que vive el país es la inseguridad pública.
Según Monreal Ávila, si se hubiera dado la orden de concretar el arresto a como diera lugar, habría desencadenado un exterminio popular y ciudadano, donde estaría el presidente en este momento acusado de genocidio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros organismos internacionales.
Consideró honesto el gesto del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González cuando dijo que fue un operativo precipitado.
