El ex tesorero duartista Tarek Abdalá Saad no será castigado por la ley, por su participación en la red de empresas fantasmas, mediante las cuales se desviaron cientos de millones de pesos del Gobierno de Veracruz, durante la administración Javier Duarte.
Así lo establecieron por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, quienes indicaron que Tarek Abdalá acordó con la Fiscalía General de la República convertirse en el testigo clave en contra de su ex jefe, el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Al acordar un criterio de oportunidad, se pactó que no se le perseguiría por ningún delito cometido durante su gestión como tesorero del Estado de Veracruz, y por tanto los magistrados ratificaron una sentencia previa de una juez federal, en el sentido de echar abajo la orden de aprehensión que un Juez de Control con sede en Pacho Viejo había girado en su contra.
De acuerdo con antecedentes del caso, la orden de captura fue girada el 16 de abril de 2020 por Gregorio Esteban Noriega Velasco, juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, en Pacho Viejo, Veracruz.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz solicitó el mandamiento judicial por los presuntos delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz.
Sin embargo, la justicia federal estableció que primero se deberá precisar qué datos de prueban permiten establecer la existencia de los citados delitos y porqué se actualiza la necesidad de cautela.
El juez de control consideró que durante el periodo en que la investigada estuvo al frente del patronato (aunque no dijo su nombre), diversas empresas (no señaló cuáles) recibieron recursos de dicha institución, por tanto, decidieron ratificar la protección al ex tesorero duartista.
Cabe precisar que Antonio Tarek es testigo colaborador de la FGR y la información que aportó a la dependencia federal fue importante para encarcelar y sentenciar al ex gobernador Javier Duarte. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) le otorgó un criterio de oportunidad, impidiendo así que se le imputara por el presunto desvío de 55 mil millones de pesos, a pesar de que su nombre aparecía en 32 carpetas de investigación y en 11 averiguaciones previas.
