Las intensas lluvias que azotaron el norte de Veracruz entre el 6 y 11 de octubre de 2025 han dejado un panorama de destrucción, interacción compleja entre daños materiales, vidas humanas y la respuesta gubernamental. Al hondarse en la magnitud del desastre, se hacen evidentes los retos de reconstrucción —y también las críticas a quienes tienen a su cargo la gestión del riesgo.
Magnitud del desastre y costo anunciado
La entidad veracruzana ha sido señalada como una de las más afectadas por las lluvias, tanto por la cantidad de municipios dañados como por la severidad del impacto. Según la gobernadora Nahle, unos 48 municipios de la Huasteca resultaron afectados por desbordamientos, deslaves y zonas anegadas.
Los reportes oficiales y de medios apuntan a cifras que dan dimensión del problema:
- Entre 2019 y 2024, los daños ocasionados por lluvias e inundaciones en Veracruz sumaron más de 8,041 millones de pesos.
- Aunque no existe aún un monto consolidado solo para el evento de octubre de 2025, el gobierno federal desplegó una bolsa de 19 000 millones de pesos para atender la emergencia en los estados más afectados, incluidos Veracruz.
- A nivel local, los damnificados enfrentan no sólo pérdidas de vivienda, sino impactos económicos: en municipios afectados los precios de bienes básicos y de protección (impermeables, botas) se dispararon.
- El estado arrastra un patrón de recurrentes declaratorias de desastre: Veracruz ha sido declarada “zona de desastre” 130 veces en los últimos 25 años.
En este contexto, la reconstrucción se perfila como un reto mayúsculo: no solo rehabilitar viviendas, sino restablecer infraestructura, servicios básicos, comunicaciones, agua potable y drenaje, además de asistir a la población en su recuperación social y económica.
¿Cómo va la respuesta gubernamental?
La respuesta oficial del gobierno estatal fue comunicada desde distintos frentes:
- El 10 de octubre de 2025, en Poza Rica, la gobernadora Nahle encabezó un “Centro de Comando” para evaluar daños e inició la distribución de apoyos humanitarios.
- El 12 de octubre declaró que el gobierno estatal estaba trabajando “ininterrumpidamente” en los municipios más afectados (Álamo, Poza Rica, El Higo, Zontecomatlán) enviando alimentos, agua, maquinaria, albergues.
- En una comunicación oficial del 16 de octubre, Nahle afirmó que “se triplicaron los puentes aéreos” y se había desplegado maquinaria, brigadas de salud y de limpieza, en coordinación con fuerzas federales.
Estas declaraciones muestran que el gobierno estatal ha activado recursos, colaborado con la federación y desplegando logística. No obstante, en terreno se registran retrasos, desconexiones y críticas que inevitablemente opacan los anuncios oficiales.
Críticas, negligencia y opacidad: el foco sobre la gobernadora Nahle
Aunque se están ejecutando acciones de auxilio, las críticas públicas hacia la gestión de Nahle han sido numerosas y documentadas. Algunos de los principales señalamientos:
Retraso en la alerta y evacuación
En el municipio de Poza Rica —uno de los epicentros del desastre—, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta de lluvias torrenciales alrededor de las 16:00 h del jueves 9 de octubre. Sin embargo, el gobierno estatal hizo el llamado a la población para acudir a refugios siete horas después, cuando el río ya se había desbordado.
Este desfase ha sido señalado por vecinos y medios como factor agravante en la vulnerabilidad de la población.
Falta de seguro para desastres naturales
Una de las críticas más fuertes es que la administración de Nahle no renovó la póliza de seguro contra desastres naturales que protegía al estado. Según medios, la póliza vencía el 30 de mayo de 2025 y no fue renovada; en su lugar se creó la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI), que presuntamente no tiene capital operativo ni registro ante la autoridad competente.
Medios señalan que el estado quedó sin cobertura real frente a inundaciones, lo cual añade un elemento de negligencia a la gestión del riesgo.
Minimización de los hechos
En declaraciones iniciales, Nahle informó que el río Cazones se había “desbordado ligeramente”, pese a que las imágenes y reportes de medios y población muestran viviendas sumergidas, calles convertidas en ríos y comunidades enteras incomunicadas.
Esa aparente discrepancia entre la realidad del terreno y el discurso oficial ha generado indignación ciudadana.
Falta de transparencia y percepción de distancia
Medios también han señalado que la gobernadora ha mostrado poca empatía o cercanía con los damnificados y que la comunicación ha sido marcada por deficiencias. Por ejemplo, en entrevistas se apuntó que “la gente está molesta y eso se siente”, y que la gobernadora “se enoja si le preguntan” sobre la situación.
A ello se añade el reclamo de que los censos casa-por-casa, la publicación de montos la claridad sobre contratos de reconstrucción y aseguramiento no han estado al nivel que exige la emergencia.
¿Qué implica esto para la reconstrucción?
La magnitud de los daños y las deficiencias en la gestión tienen varias implicaciones clave para el futuro inmediato de Veracruz:
- Retraso en la reconstrucción: si los censos, los procesos de apoyo y los mecanismos de pago no se agilizan, muchas familias quedarán en situación de espera prolongada, con riesgo de pérdida total de bienes, migración interna o aumento de la pobreza.
- Sobrecostos y distorsiones: el encarecimiento de bienes básicos (botas, impermeables, alimentos), el daño a la infraestructura productiva y la interrupción de servicios generan que lo que parecía un “apoyo puntual” se convierta en un proceso largo y costoso.
- Debilidad financiera estatal: la falta de seguro y la recurrente necesidad de recursos extraordinarios sitúan al estado en una vulnerabilidad institucional. Los fondos federales y los apoyos externos pueden ayudar, pero la capacidad estatal de hacer frente al riesgo sistemático se cuestiona.
- Confianza ciudadana en la gobernabilidad: la percepción de negligencia, falta de transparencia o de conexión con la población afecta la legitimidad de las autoridades. En una crisis tan profunda como esta, dicha confianza es clave para ejecutar programas de recuperación.
- Necesidad de reformas estructurales: más allá del socorro inmediato, Veracruz requiere fortalecer sus sistemas de alerta temprana, infraestructura de drenaje, planificación urbana en zonas de riesgo —y asignación presupuestaria preventiva— que mitiguen futuros desastres.
La tragedia de las lluvias en el norte de Veracruz no es un evento aislado: se inscribe en un patrón histórico de estado vulnerable frente a inundaciones, deslaves e inundaciones recurrentes. El reto de la reconstrucción es monumental, y exige que se actúe con velocidad, eficiencia, transparencia y sensibilidad.
Nahle no tiene comunicación efectiva
La gestión de Rocío Nahle García —aunque activa en los anuncios y movilización de recursos— está siendo sometida a escrutinio público por demoras, decisiones de cobertura que no se renovaron y comunicación que no concuerda con la realidad en terreno. A ello se agregan los graves señalamientos de corrupción en la construcción de la Refinería Olmeca (Dos Bocas) que pesan sobre la exsecretaria de energía en el gobierno de López Obrador.
En este último rubro, el equipo de comunicación social de la gobernadora ha dado “convenios publicitarios” a medios de comunicación de reciente creación, en algunos casos, y otros sin penetración y alcance real entre la ciudadanía, a ello se agrega un grupo de “periodistas” sin credibilidad, en ambos casos, el único mérito ha sido la zalamería.
Para los veracruzanos afectados, la pregunta central no es solo “cuándo se reconstruirá”, sino “¿Quién responderá por los vacíos que permitieron que el desastre fuese aún peor?”, y ¿“cómo se garantizará que en la próxima temporada de lluvias no volvamos al mismo punto?”?
La reconstrucción no será sólo levantar muros o asfaltar calles: será recuperar la confianza, reactivar el tejido social, y asegurar que las lecciones de este desastre se traduzcan en un cambio real en la gestión del riesgo.
