El avance de la minería sobre tierras indígenas y unidades de conservación en Brasil es una bomba de relojería contra los pueblos de la selva y el medio ambiente, que puede resultar en una destrucción todavía mayor si no se desarma a tiempo, defendieron investigadores y activistas consultados por EFE.
La minería artesanal, en su mayoría ilegal, se expandió en los últimos cuatro años, aprovechando el incentivo que el entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) dio a las actividades económicas en la selva, pero sigue siendo una amenaza a pesar de la promesa del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, de acabar con esta actividad.
“La bomba está armada y ya ha sido detonada, lo único es que sus efectos no han llegado a los blancos y a las grandes ciudades, pero nosotros que estamos en la selva sentimos ese impacto desde hace mucho y de la peor forma posible”, sostuvo el representante del Foro de la Amazonía Occidental (FAOR), Marco Mota.
De acuerdo con un estudio divulgado por el proyecto MapBiomas, en Brasil las actividades mineras artesanales, que suponen una de las principales causas de la deforestación en la Amazonía, pasaron de 99.000 hectáreas a 196.000 hectáreas entre 2010 y 2021.
El crecimiento de la minería ilegal viene acompañado también de una tendencia a concentrarse en la Amazonia, donde se ubica el 91,6 % de las áreas dedicadas a este tipo de extracción en Brasil.
“El impacto que une a estas comunidades del norte al sur del país es el del etnocidio. Son conscientes de que si no se hace nada ellos van a morir”, alertó Mota.
AMAZONÍA, EL BIOMA MÁS IMPACTADO
Entre 2010 y 2021, las áreas de concesiones mineras en tierras indígenas crecieron 632 %, alcanzando casi 20.000 hectáreas, en su mayoría concentradas en los territorios de las etnias Kayapó, Munduruku y Yanomami.
Los pueblos de la selva “están siendo diezmados en nombre de la codicia, del oro y de la explotación de la Amazonía”, añadió el representante de FAOR, que trabaja con los mundurukus desde hace más de una década.
En ese sentido, el investigador de la Universidad Estadual de Pará Fabiano Bringel dijo a EFE que la minería es, sin dudas, el epicentro de las actividades económicas en la Amazonía.
“En cada cuatro hectáreas minadas en Brasil, tres se encuentran en la Amazonía”, agregó.
Según el informe que Bringel está elaborando, el oro es el principal metal extraído en zonas protegidas de la Amazonía, con algo más del 50 % de todas las solicitudes formales de licencias, un total de 47.000 entre 2012 y 2022; seguido de la casiterita, con un 20 %, y el cobre, con un 15 %.
El rastro de destrucción es grande, y va más allá de la deforestación, con la contaminación de los ríos y de los suelos por mercurio para obtener el metal que se destina en mayor parte a la fabricación de joyas.
Según un estudio divulgado en mayo por la Fundación Oswaldo Cruz, en conjunto con otras organizaciones, el pescado consumido por la población de seis estados de la Amazonía brasileña está contaminado con mercurio, con una concentración del metal en un 21,3 % superior a la permitida.
“No solo están contaminando el río, están contaminando nuestros úteros, están matando nuestro derecho a tener hijos, están destruyendo nuestro pueblo”, dijo Mota.
El FAOR recordó que la minería es una gran responsable de la violencia en la región.
“Una de las tácticas de los criminales de la minería es dividir a la comunidad. Cooptar a líderes para dividir las comunidades, crear conflictos entre parientes, entre personas que viven en la misma zona”, detalló Mota.
Para el experto, hay un “sistema criminal de minería ilegal que involucra a autoridades de todas las esferas del gobierno”.
¿UN FUTURO SUSTENTABLE?
La asesora de la ONG Fase y miembro del Comité en Defensa de los Territorios frente a la Minería, Julianna Mlerba, resaltó que los activos minerales son recursos estratégicos y activos esenciales para las generaciones futuras, pero finitos, por lo que las decisiones sobre el tema deberían darse a través del debate público.
“La ausencia de mecanismos de política pública que garanticen la participación ciudadana y el control sobre la política minera puede llevar a un aumento de los casos de violación de derechos y degradación ambiental”, lamentó.
Bringel sostuvo que el dinero que genera la minería “a corto plazo puede convertirse en una gran pérdida de biodiversidad a largo plazo”.
Mota recordó que aunque los pueblos indígenas representan cerca de 0,5 % de la población de Brasil, son responsables de la preservación de más del 50 % de los biomas.
“Si se exterminan a estas poblaciones, se pierde esta protección. Si se sigue destruyendo la Amazonía como se está haciendo, todo el planeta entra en crisis”, insistió.
