Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo un plan para frenar el robo en carreteras, la extorsión, los actos de corrupción, el contrabando, la piratería y los fraudes, los cuales están provocando el cierre de operaciones y el traslado de inversiones a otras regiones.
“Resulta prioritario impulsar una agenda de trabajo coordinado con las autoridades del Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo que atienda de manera integral la inseguridad en el sector productivo”, comentó la empresaria.
Delitos como el robo en carreteras, la extorsión, los actos de corrupción, el contrabando, la piratería, los fraudes aquejan a la estructura productiva al grado que los han obligado a tomar medidas drásticas como el cierre de operaciones en zonas del país o el traslado de inversiones a otras regiones, señaló.
“México vive una oportunidad histórica para atraer y generar inversión en beneficio de toda la población”, afirmó en el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Derechos de Autor, que se celebró ayer.
“El inicio del nuevo Gobierno Federal constituye un escenario en el cual tanto el sector privado como las organizaciones de la sociedad civil pueden unir esfuerzos para resolver la inseguridad en el sector productivo”, declaró la presidenta de Canacintra.
Agregó que las industrias del tabaco, el alcohol, los plaguicidas están severamente afectadas por el contrabando el cual permite la evasión de impuestos.
Cifras de la industria del tabaco señalan que al erario le cuesta entre 13 mil y 15 mil millones de pesos al año las dinámicas ilícitas de producción nacional de dicho producto, venta de mercancía robada y contrabando de cigarros irregulares por la frontera sur, dijo la empresaria.
“Hoy seis marcas ilícitas de cigarros en México representan casi el 90 por ciento del total de contrabando de cigarros: Marble, Time, D&J, Royal, Marshal, President. Estas provienen de países como Vietnam, China, India y Corea del Sur”.
La población, dijo, puede revisar que estas marcas no incluyen el código de seguridad requerido por el SAT, lo cual indica que no hacen el pago de impuesto correspondiente.
“A la evasión por cigarros se suman 20 mil millones de pesos por el caso de presencia en el mercado de alcohol ilegal”, añadió.
Asimismo, la directiva de Canacintra consideró que el rol que juega el comercio exterior en el crecimiento del país exige soluciones a problemáticas como el contrabando y el lavado de dinero a través del comercio internacional que afectan a la libre competencia y la integridad de las cadenas productivas.
“La economía no puede crecer en todo su potencial si no hay seguridad para las unidades económicas. Un país no puede ser competitivo y próspero si existen agentes que extraen rentas en detrimento del bienestar social”, enfatizó.
En cuanto a la extorsión, la información oficial y la recabada por el sector privado, explicó, dan cuenta de las industrias creativas, de electromovilidad, eléctrico y electrónico, servicios de salud, dispositivos médicos y farmacéuticos, considerados como sectores estratégicos para el nuevo Gobierno, son particularmente afectados por este delito.
Sin una coordinación efectiva, aseguró el organismo empresarial, difícilmente estas industrias podrán desarrollarse plenamente.
“Las reformas aprobadas en materia de propiedad intelectual durante el sexenio anterior fueron una señal positiva de la relevancia de este tema en la agenda nacional, pero la protección efectiva de estos derechos aún es un reto no superado”, consideró.
A decir de la Canacintra, diversos sectores de productos de consumo se han visto fuertemente afectados por la extorsión principalmente en los siguientes estados: Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Sonora, entre otros.
