(SPI).- El uso de la fuerza letal es con el fin de detener al criminal y no de matar y bajo esa premisa es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debe por oficio revisar los informes policiales de los hechos de Río Blanco, aseveró el abogado consultor de Sistemas Adversariales de América Latina, Andrés Espinosa Barradas
El abogado aseveró que la CEDH, a cargo de Namiko Matzumoto debió actual oficiosamente en los hechos de Río Blando por ser un tema público, donde se presume duda de cierta intervención de la policía estatal en el fallecimiento de las jóvenes Nefertiti y Grecia.
“En el momento de haberse dado a conocer los hechos la CEDH debió acudir al lugar de los hechos, levantar información y entrevistas que correspondan, por lo tanto abrir una carpeta donde hubo la violación de derechos humanos de las jóvenes allí fallecidas”, consideró.
Refirió que invariablemente la CEDH tendrá que averiguar cuál fue la actuación de la policía y en qué términos se llevó a cabo y proceder a revisar los informes policiales.
Respecto a lo expuesto por el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler que en los hechos de Río Blanco fue un enfrentamiento y por ello la policía se vio obligada al uso de la fuerza letal, el abogado comentó lo siguiente:
“Los protocolos de actuación policial para el uso de la fuerza pública en el estado de Veracruz, son con el fin de detener y no de matar, donde se establecen diversas formas que tienen que ver con la disuasión, instrucciones verbales, advertencia del uso de fuerza y armas incapacitantes no letales como gas lacrimógeno, entre otros”, expuso.
Agregó que hasta este momento nadie tiene la certeza de los hechos (de Río Blanco), porque solamente el Fiscal (Jorge Winckler) tiene la información.
El jurista expuso un caso que es similar a lo ocurrido en Río Blanco.
“El caso de Tlatlaya en la Ciudad de México la autoridad dijo fue un enfrentamiento, pero se hicieron las pruebas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el resultado fue que sí hubo una ejecución forzada y lo de Río Blanco es una situación parecida”.
Dijo que si bien, la policía no cometió actos irregulares, es un tema que se debe investigar a fondo y no exponer opiniones apresuradas.
“Salir a las 48 horas a decir que no hubo ninguna irregularidad, no se vale, cuando están siendo cuestionados por la sociedad; sobre todo cuando la opinión pública no cree en las instituciones y no se puede creer si siguen revictimizando a las víctimas y a las familias”, aseveró.
Espinosa Barradas dijo finalmente, que cualquier persona puede interponer un queja ante la CNDH si consideró que hubo hechos violatorios de derechos humanos, tal como procedió a realizarlo el partido de Morena.
“No importa que ellos (Morena) no hayan sido directamente afectados, pero todos pueden denunciar violaciones de derechos humanos y no dudo que el primer visitador de la CNDH ya haya tomado cartas en el asunto por ser un hecho notorio y de que hay duda de cierta intervención de la policía estatal”, acotó el consultor.
