Una de las obras prioritarias que el gobierno de Enrique Peña Nieto programó para Veracruz fue la autopista Laguna Verde-Gutiérrez Zamora, con extensión de 129 kilómetros, y de la cual solo se concluyó con cuestionada calidad el tramo de 48 kilómetros entre San Rafael y Gutiérrez Zamora. El trayecto pendiente se encuentra en proceso desde el inicio de la obra en 2015, con serias dificultades debido a los no superados problemas de negociaciones con la familia Spinoso, dueña de diversas superficies del proyecto en otros municipios por donde pasa esa vía.
Pero la obra no solo presenta ese problema. Debido a los deficientes trabajos de conducción y desalojo de aguas pluviales, la población afectada en varias localidades ha manifestado su inconformidad de manera reiterada.
Esta situación y otras irregularidades legales, ambientales y constructivas fueron referidas en la investigación periodística que Palabras Claras presentó el 8 de enero de 2018 con el título Autopista Laguna Verde-Gutiérrez Zamora: Retraso y daño ambiental.
Los 129 kilómetros de la ruta están en poder de una Concesionaria en la que participa la empresa portuguesa Mota-Engil. Hasta ahora no se ha podido concluir la negociación con todos los propietarios de la tierra; los renuentes a convenir han sido emplazados a una expropiación estatal que al parecer se encuentra en proceso y que retardará por quién sabe cuanto tiempo la terminación de la autopista.
Con el objeto de conocer el estado actual de esa concesión autorizada por 30 años, este portal investigó en diversas áreas de gobierno hasta que encontró que la instancia que interviene es el FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura), un fideicomiso en el que participan entre otras dependencias BANOBRAS y las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes.
En agosto de 2015 dicho fideicomiso entregó a la empresa concesionaria en calidad de subvención no recuperable, la cantidad de 827 millones de pesos. La inversión total era por 4 mil 640 millones de pesos. De acuerdo con el último reporte al mes de octubre pasado, se informa un avance superior al 80 por ciento.
Las obras que se observan en campo difícilmente tendrán un avance como el que afirman haber alcanzado; por otro lado, el tramo concluido representa si acaso la tercera parte de la construcción total. Y como se sabe, los problemas legales siguen su marcha y suelen avanzar muy despacio.
Como lo señala el decreto de creación del Fondo, es menester que la SCT, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llamen a cuentas a la Concesionaria y la apuren a concluir la autopista en el tramo no entregado de Laguna Verde a Nautla. Y que esas dependencias cumplan con las recomendaciones de transparencia y eficiencia que sobre el FONADIN ha insistido la Auditoría Superior de la Federación desde hace años.
827 millones de pesos no pueden continuar en el limbo, cuando esa obra se aprobó porque según sus promotores tenía importante rentabilidad económica y alto impacto social. Se trata de recursos federales por los que deben rendirse cuentas.
Y ojalá que el gobernador Cuitláhuac García interceda ante el presidente López Obrador para que los funcionarios federales de las comunicaciones aceleren esta obra que pretende enlazar al norte con el sur de Veracruz.
Si en más de cuatro años que llevan los trabajos, solo han podido concluir la tercera parte, esto significa que, de continuar con esa inercia, faltarían ocho años más para poder inaugurarla en su totalidad. Por esta razón es urgente que AMLO corte de tajo la desidia y la irresponsabilidad institucionales.
