Luego de que la comisionada presidenta interina del Instituto Veracruzano de Acceso de la Información y Protección de Datos Personales, Naldy Rodríguez Lagunes, comenzó las revisiones al interior del organismo, empezaron a exhibirse las innumerables deudas que arrastra.
Hasta la fecha, los laudos representan un pasivo contingente por poco más de 19 millones de pesos, es decir que no han asumido los titulares del pleno en varios años
Además, existen amparos en contra de otras resoluciones y laudos; se adeuda casi un millón de pesos en renta del inmueble principal y existen amparos contra resoluciones del pleno del organismo pendientes de resolver.
Tan sólo en la Ponencia 1, que estuvo a cargo del excomisionado presidente del Instituto, José Rubén Mendoza y de la excomisionada Yolli “N”, se detectaron más de mil 300 expedientes de Recursos de Revisión rezagados.
Laudos y otros pendientes
De acuerdo con los datos del organismo, los laudos son consecuencia de las demandas que interpusieron 13 extrabajadores por despido injustificado, las cuales determinaron que algunos tuvieran que ser reinstalados en sus puestos de trabajo.
Uno de los demandantes acaba de ser reinstalado tras ganar un juicio laboral, sin embargo, aún se debe cubrir un adeudo de 2 millones 100 mil pesos.
De ese monto ya le fueron pagados 250 mil pesos y le confirieron tres mensualidades de 101 mil pesos, quedando pendiente de pagar casi una veintena de mensualidades de 100 mil pesos.
Además, el instituto promovió dos amparos en contra de las resoluciones de ejecución de los laudos, mismas que seguirán en tribunales.
Deudas y excesos
En cuanto a las rentas, se deben 800 mil pesos que corresponden a 6 meses vencidos del edificio que alberga al Instituto en la capital del Estado. Esto luego de que se perdió un litigio, de ahí que los cheques se tienen que depositar ante un juzgado.
Además de todos estos pendientes, a la fecha el organismo que tiene como presidenta interina a Naldy Rodríguez Lagunes, se tienen en trámite 30 demandas de amparo no revisó el cumplimiento de las resoluciones que el pleno emitió, es decir que son recursos que se tramitaron contra las propias resoluciones.
En cuanto a las denuncias por Obligaciones de Transparencia se encontraron aproximadamente mil denuncias pendientes de 2018.
En cuanto a la ponencia 1, que en últimas fechas estaba a cargo del excomisionado presidente, José Rubén Mendoza, se han detectado hasta el momento, más de mil 300 expedientes de Recursos de Revisión rezagados.
De estos uno son de 2018; 140 de 2020 y el resto son de 2019, aunque tras renunciar a cargo el comisionado no dejó un archivo digital y en físico, de ahí que sólo hay documentación de octubre a marzo y nada de material de oficina.
También se comprobó que se cubrían cuotas del IPE sólo de 11 trabajadores, entre ellos los tres excomisionados, cuando en total son 95 servidores públicos al interior del IVAI.
