De las 82 denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación por malos manejos del Gobierno de Veracruz, al menos la mitad ya prescribieron y el resto podría seguir el mismo curso legal.
Incluso, del sexenio más señalado, el de Javier Duarte de Ochoa, los colaboradores que incurrieron en algún desvío ya habrían librado la cárcel. En un análisis realizado a las 82 denuncias interpuestas en los últimos 15 años, algunos de los delitos que en el Código Penal Federal se refieren a los cometidos por los servidores públicos, estos llevan incluso más de la mitad de ese tiempo sin posibilidad de proceder.
Es decir, si se toma en cuenta el catálogo del Título Décimo, en cuanto hace a delitos cometidos por servidores públicos, el período de prescripción de estos, ha transcurrido hace años, sin que alguien haya pagado por los desvíos, que sólo en ese sexenio superaron los 35 mil millones de pesos.
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Del catálogo en cuestión se desprenden delitos que en muchos casos no superan los 10 años como pena máxima.
Si eventualmente un exduartista pudiera ser acusado de peculado, que en otras palabras se refiere al ilícito de distraer de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado; así como que indebidamente utilice fondos públicos, se le impondrán penas de los dos a los 14 años.
Para el caso, la prescripción de los delitos se obtiene sumando la pena mínima y la máxima, dividiéndola entre dos. En este supuesto, el delito prescribe en 8 años.
Es decir, para que una denuncia sea judicializada en lo inmediato y se pueda proceder, el delito se habría tenido que cometer como máximo, en 2013.
Esto es: los cometidos antes de esa fecha, si se asentaran por ese tipo penal, no procederían.
En otros casos, como el de tráfico de influencia, las penas mínimas son de dos años y las máximas de seis. Es decir, en cuatro años ya no hay nada que judicialmente pudiera hacerse.
Cabe recordar que este 2021, luego de 2 años, nuevamente la Auditoría Superior denunció penalmente al Gobierno de Veracruz ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo anterior por desvíos que rondan los 3 mil 525 millones 51 mil 800 pesos, recursos de debían ser reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) tras no comprobarse su gasto en 2015, en el Gobierno de Javier Duarte.
