Los apellidos Zambrano, Sada y Muguerza corresponden a multimillonarias familias regiomontanas emparentadas entre sí y que a principios de 1940 incursionaron en el negocio de los cítricos y concentrados. Descendientes de esas alianzas empresariales fundaron Citrofrut en 1956, la cual es dirigida por Jesús Sada Lozano y cuenta con instalaciones, viveros y huertas en varias partes del país y en la zona de Martínez de la Torre y San Rafael.
Personas relacionadas con la empresa especulan en que el trazo de la autopista lo ubicaron cerca de la factoría para que sus influyentes propietarios pudieran llegar fácilmente desde el aeropuerto de El Tajín. Piensan que por esa razón la localidad de Paso Largo ha sido un sitio importante para la presidencia de la república. En apoyo a esa presunción, el tramo al que le dieron prioridad es el que inauguró Enrique Peña Nieto.
Desde hace varios meses a través de Roberto Morales Prince y otros dirigentes sociales, los residentes estuvieron señalando que la autopista les originaría graves inundaciones y daños a sembradíos y zonas habitacionales debido a futuras inundaciones por fallas de proyecto y construcción.
El presidente López Obrador vino dos veces a revisar el problema y a dar instrucciones precisas para resolverlo a la brevedad. En su discurso del viernes pasado habló de haber quitado un obstáculo, haciendo un reconocimiento a los inconformes e involucrándolos en la firma de un acta junto al gobernador. Pero la autopista cumple 7 años de construcción y tiene otros cuellos de botella que nadie mencionó allí.
En el tramo que va de San Rafael a Laguna Verde -que es la mitad de la autopista programada y concesionada por 30 años a la empresa Mota Engil- también hay riesgo de inundaciones, daños a la ecología, inconformidad de propietarios de la tierra en alrededor de cinco kilómetros y principalmente un notorio retraso en la construcción.
De ese tramo problematizado y que en Google Maps no se visualiza obra alguna, ubicado en propiedades de la familia Spinoso Carrera en Vega de Alatorre, el gobierno yunista instauró días antes de irse en 2017, sendos procedimientos expropiatorios por un total de 17 hectáreas divididas en tres fracciones de los ranchos ganaderos Venecia y San Cayetano, cerca de Emilio Carranza y entre las localidades de la Laguna San Agustín, El Crucero, Rancho Nuevo y Santander. Con amparos en la mano y con una suspensión federal, los afectados acusaron la ocupación ilegal de los terrenos por policías de la Guardia nacional y efectivos de la Marina a mediados de 2019. Hubo incidentes delicados con la familia involucrada y sobre el tema no ha habido información oficial.
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Sería bueno que el ejecutivo federal se trajera a sus funcionarios de SCT y al gobernador a una reunión como la de Paso Largo, pero esta en Vega de Alatorre, para destrabar todo aquello que continúe pendiente, y si hace falta modificar el trazo, hacerlo de una vez, atendiendo al ejemplo del presidente en aquella zona de cítricos.
En agosto se cumplen 7 años de construcción. Y al paso de tortuga que lleva la obra, ni siquiera AMLO podría inaugurarla completa. Lo que sí tendría que vigilar el jefe de la república es que todas las acciones se realicen con estricto apego a derecho y cuidando los recursos ambientales de la zona en la parte cercana a la sierra de Misantla. Y es bueno recordar que el exsecretario de SCT en ese tiempo, anunció que la autopista completa iniciaría operaciones en agosto de 2017, tres años después de su banderazo de inicio.
Del costo total de la obra (4,640.1 millones de pesos), el gobierno de la república aportó 827 millones de pesos en 2014 a través del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura), un fideicomiso en el que participan BANOBRAS y las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes.
Quedan pendientes no dos kilómetros, sino los 81 restantes en el tramo que cruza por municipios como Alto Lucero, Vega de Alatorre, Misantla, Nautla y el propio San Rafael.
Ojalá y que alguien haga llegar estos datos al ejecutivo federal. Porque entre los funcionarios cuitlahuistas de “primer nivel” no hay personas con la talla para entender y resolver ese tipo de conflictos, a ellos les ocupa la quincena y poco más. La omisión es incompetencia y corrupción también.
Así que los funcionarios lopezobradoristas y cutlahuistas bien podrían preocuparse de que les harán “manicure con hachuela”, como amenazó el presidente en esa zona veracruzana, y ante cientos de ciudadanos que creen, cada día menos, en la verborrea y los cuentos presidenciales.
