Integrantes de la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, acusaron que la fiscalía general del Estado revictimizó a Diana “N”, una mujer de Oluta presa por abortar en un centro comercial.
Diversas organizaciones, colectivos y activistas en contra de la violencia de las mujeres aluden a un comunicado difundido por la fiscalía general del Estado el 28 de junio de 2021, titulado “recién nacido fue hallado en bote de basura en sanitario de centro comercial de Oluta. La madre probablemente privó de la vida al recién nacido.”
De acuerdo con la Carpeta de Investigación UIPJ/DXX/F1/165/2021 hay indicios que “pudieran determinar la privación de la vida del recién nacido cuya madre dio a luz vivo en el baño de un centro comercial en Oluta”.
Te puede interesar: Víctimas de ciberchantaje, 6 adolescentes xalapeñas; revela Línea Violeta
La Fiscalía argumenta que la detención de la mujer se dio a partir de las diligencias de los Servicios Periciales, instancia que determinó en sus dictámenes de la necropsia “que la víctima fue nacido vivo y privado de la vida por anoxia por sofocación al encontrarse en un bote de basura en posición decúbito ventral”.
“Después de la revisión de evidencias y estudios periciales del caso, la madre de la víctima, fue identificada como la persona que cometió el hecho pues entre otras acciones que realizó nunca solicitó ayuda a pesar de estar en condiciones de llamar la atención y se retiró sin decir nada a quien pretendió auxiliarla a bordo de un taxi; lo cual fue corroborado en la audiencia oral respectiva.
“Cuidando los derechos de la probable responsable de haber privado de la vida a su propio bebé, se seguirá el proceso judicial a fin de que quede aclarado tan lamentable hecho”, añade el comunicado.
Sobre este tema, el pronunciamiento señala una falta de perspectiva de género en el proceder de la Fiscalía, manifestándose en contra de dicha información difundida a través de sus cuentas oficiales y acusando que carecía de la “mínima ética ni respeto jurídico” porque revictimiza a la detenida, consignando que existen versiones de ella y sus familiares de que el aborto fue producto de la violencia doméstica sufrida.
“La fiscalía general del Estado no puede eximirse de la responsabilidad que tiene de tratar los casos de violencia y aborto con apego a derechos humanos, respetando en todo momento la presunción de inocencia de las mujeres, evitando la revictimización y criminalización en casos relacionados. Es trabajo de la Fiscalía proceder conforme a derecho realizando las investigaciones correspondientes con total imparcialidad.
“La acción de la Fiscalía no solo demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género, sino que significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con una intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales”.
El mensaje se refiere a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado decretada para Veracruz que concluye que el Estado obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, así como la aplicación obligatoria de la NOM 046 SSA2-2005.
Se considera que la Fiscalía violentó la su presunción de inocencia, exhibiendo la falta al debido proceso ante los casos de aborto, exponiendo que Diana “N” vive en condiciones de pobreza extrema y han sido víctimas recurrentes de otras violencias, pero está presa en la cárcel de Acayucan luego de haberle abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso.
“(…) no es el único en Veracruz, ya que en 2017 hubo diez mujeres encarceladas por este hecho, procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, estrategia legal que observamos se intenta hacer en este caso de 2021 (…).
“Mientras que en otras entidades más progresistas hoy se celebra el avance legislativo de haber aprobado el aborto hasta las 12 semanas, en Veracruz una mujer está encarcelada desde hace un mes por abortar y permanecerá ahí hasta diciembre, cuando vence el término establecido por las autoridades”.
El pronunciamiento concluye que existe desatención y la falta de priorización que las autoridades veracruzanas con respecto a los temas relacionados con la agenda de las mujeres.
Te puede interesar: CNDH exhibe a Giadáns y Cuitláhuac por caso de mujer presa por abortar
“Ante lo que nosotras elevamos nuestra voz en protesta y conminamos a que se actúe con apego al compromiso expresado por el Gobernador del Estado cuando el 25 de enero de 2018 hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno, lo que no ha sucedido hasta ahora”.
El mensaje, dirigido al titular del Ejecutivo estatal, así como también al secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y a la fiscal general, Verónica Hernández, también critica el incumplimiento en la designación de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres “y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto”.
Las activistas criticaron la tardanza de la administración de Cuitláhuac García Jiménez para designar a una nueva titular en el Instituto, exhibiendo irregularidades administrativas como despidos injustificados y falta de transparencia en esta dependencia dependiente de la SEGOB.
Los firmantes afirman que la gestión de Rocío Villafuerte Martínez como encargada ha estado plagada de irregularidades.
Señalan que los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada por la SEGOB: “Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz”.
Achacan que durante dicho periodo se han registrado casos de despido injustificado de personal capacitado, falta de transparencia en los perfiles de quienes ahí laboran, así como el uso inadecuado de los recursos materiales de la instancia.
“Sabemos que uno de los principales objetivos del IVM es promover la incorporación de la perspectiva de género en los tres órdenes de gobierno, lo que hasta ahora no se ha logrado como lo evidencian los índices de crímenes violentos contra las mujeres que no muestran una baja en la incidencia. A ello hay que añadir la falta de perspectiva de género en el seguimiento de casos que implican el análisis de las circunstancias del entorno adverso al que nos enfrentamos, como queda claramente de manifiesto en la reciente aprehensión de una mujer tras sufrir un aborto espontáneo, siendo ella víctima de violencia familiar.
“Quiénes representamos a la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres exigimos nuevamente al Gobernador del Estado y al Secretario de Gobierno, que se cumpla con la Ley y se respete el procedimiento para nombrar a la directora general con todos las atribuciones que la ley le faculta y exhortamos a transparentar el uso de programas como de recursos públicos destinados para esta instancia, así como a dar la prioridad debida para resolver la grave problemática de violencia de género que vivimos, ya que hoy más que nunca necesitamos medidas urgentes”, requieren las activistas.
