El caso de Diana, una mujer encarcelada y bajo proceso penal por el delito de homicidio tras abortar en un centro comercial, provocó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y su similar estatal exhibieran a la Fiscalía de Veracruz y al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Mediante un comunicado, el organismo autónomo señaló que el encarcelamiento de la mujer denota “falta de perspectiva de género” en la investigación; además, que el Gobierno permite la criminalización de mujeres al no derogar las leyes que penalizan el aborto
El pasado 28 de junio, la fiscalía general del Estado (FGE) reportó que el día 3 de ese mes, de acuerdo a los hechos e indicios que constan en la Carpeta de Investigación UIPJ/DXX/F1/165/2021, Diana habría cometido la privación de la vida de su hijo recién nacido.
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Según el organismo la mujer dio a luz vivo en el baño de un centro comercial en Oluta y personal de Servicios Periciales determinaron que el bebé nació vivo y fue privado de la vida por anoxia por sofocación, “al encontrarse en un bote de basura en posición decúbito ventral”.
“Después de la revisión de evidencias y estudios periciales del caso, la madre de la víctima, fue identificada como la persona que cometió el hecho pues entre otras acciones que realizó nunca solicitó ayuda a pesar de estar en condiciones de llamar la atención y se retiró sin decir nada a quien pretendió auxiliarla a bordo de un taxi; lo cual fue corroborado en la audiencia oral respectiva.
“Cuidando los derechos de la probable responsable de haber privado de la vida a su propio bebé, se seguirá el proceso judicial a fin de que quede aclarado tan lamentable hecho”, informó el organismo bajo el mano de Verónica Hernández Giadáns en torno a este caso.
Sin embargo, ahora la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, exhortó al Gobierno de Veracruz y a la fiscalía la liberación de la mujer y a la par, a derogar leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas “que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios”.
Argumentó que la acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada y provoca la estigmatización ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea.
Derechos Humanos consideró que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“(…) como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres”.
Además, la CNDH recomendó al Poder Judicial aplicar los principios de interpretación conforme y pro-persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable.
