El Instituto Nacional de Migración (INM), ha impedido a la ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), trasladar a migrantes que cuentan con el reconocimiento de refugiados a otras entidades para insertarlos laboralmente al detenerlos, regresarlos a Chiapas y amenazarlos con quitarles su documentación y deportarlos, denunció la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

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A través de un comunicado, señaló que ante la crisis humanitaria “sin precedentes” que se vive en la frontera sur de México, las organizaciones religiosas e internacionales han considerado de suma importancia desahogar la frontera, sin embargo “tenemos conocimiento de que las autoridades migratorias tienen la orden de cerrar el paso a todo migrante, incluso a quienes ya tienen una estancia legal por lo que si alguien intenta salir de Tapachula, serán detenidos, les serán decomisados sus documentos y finalmente deportados”.

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Agregó que la Diócesis de Tapachula y los Misioneros de San Carlos Scalabrinos en conjunto con la CEM, iniciaron una misión con personas migrantes que tendrá especial atención con la población haitiana; para ello la congregación puso a disposición a dos religiosos, uno de los cuales es de origen haitiano, el padre Henri-Claude Testamar para que además de asistencia espiritual en creól, sirva como punto de apoyo entre la embajada y la población migrante.

“Durante nuestra visita a Tapachula hemos podido constatar que en verdad estamos ante una crisis migratoria de gran magnitud que pone en situaciones muy difíciles tanto a la población migrante como a la población local”, por ello los equipos de intervención en riesgos han ayudado a estar preparados y a intervenir en estas emergencias y en apoyo a los migrantes afectados a través de comedores comunitarios, que aseguran son insuficientes para atender a toda la gente; dispensarios médicos y otras gestiones.

Sin embargo la iglesia católica considera que lo realmente urgente es lograr que en México haya una política migratoria justa y humana que defienda y proteja los derechos de éstas personas, especialmente porque ante el recrudecimiento de las medidas de contención a las caravanas migrantes que los ha vuelto objeto de represión y abusos de autoridad de funcionarios migratorios y de la Guardia Nacional, algunos han recurrido a traficantes para que los saquen del lugar, a autoridades corruptas que trafican con ellos o les venden documentos migratorios, a falsificadores y a quienes les cobran por adelantar las citas para trámites.

“Rechazamos el uso de la fuerza y todo tipo de violación a los derechos humanos de las personas migrantes e insistimos en nuevas vías de regularización y la garantía del derecho al libre tránsito como únicas medidas para solucionar la grave crisis humanitaria que vive la frontera sur y en modo particular Tapachula”, señaló la Pastoral de movilidad.

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