Las autoridades mexicanas reconocieron esta semana la existencia de otro centro de exterminio en el estado fronterizo de Tamaulipas, en el noreste del país latinoamericano. El hallazgo de este sitio, que representa el horror para las miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, fue informado por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana.
En entrevista con W Radio, la funcionaria informó que se encontraba en camino a “una zona de exterminio”, en referencia a un predio ubicado cerca del kilómetro 26 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en donde hallaron restos humanos y un crematorio clandestino.
Quintana apuntó preliminarmente que en el predio de “importantes dimensiones” encontraron “indicios de restos óseos calcinados”. En resumen, se trataría de un “crematorio que ha sido utilizado durante varios años y que seguía siendo utilizado hasta hace poco”, explicó.
“A lo que nosotros vamos es a recuperar estos restos humanos de manera digna y con la debida diligencia”, afirmó Quintana sobre las labores de las autoridades en materia de identificación forense.
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Apenas en julio, Quintana desveló que las autoridades estimaban que habría “unos 500 kilogramos de restos óseos calcinados” en un centro de exterminio conocido como La Bartolina, un brazo de mar ubicado en Matamoros, Tamaulipas, a unos 12 kilómetros de la costa del Golfo de México y muy cerca de la ciudad de Brownsville, Texas. La existencia de este sitio, que habría sido operado por el sanguinario Cártel del Golfo, era conocida por el gobierno mexicano desde abril de 2016, según una investigación de A dónde van los desaparecidos y Elefante Blanco.
Sitios del horror
Los centros de exterminio son utilizados por grupos de la delincuencia organizada para asesinar, deshacerse de los cadáveres —mediante la disolución o quema de cuerpos— y enterrar los restos óseos. En estos sitios remotos y en abandono, las autoridades usualmente encuentran credenciales o ropa de las víctimas.
Los colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos han localizado 57 centros de exterminio en Tamaulipas. En febrero de 2019, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acudió a un sitio conocido como Rancho el Papalote, en donde el sanguinario cártel de Los Zetas —formado por militares de élite que desertaron de las Fuerzas Armadas— había instalado un sistema para incinerar cientos de cuerpos con diésel y leña.
Otros campos de exterminio han sido localizados en el estado de Veracruz. En el municipio de Tihuatlán, se han encontrado miles de huesos calcinados en un sitio conocido como La Gallera, que presuntamente perteneció a Los Zetas. Los colectivos también señalan que agentes estatales, bajo el mando del exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez Zurita, torturaron y desaparecieron a decenas de jóvenes en El Lencero, la Academia de Policía en Xalapa.
México atraviesa una crisis de violencia que ha dejado 352.000 defunciones por homicidio entre 2007 y 2020, según cifras oficiales. Asimismo, el Gobierno reconoce 92.611 personas desaparecidas desde 1964, cuando comenzó el registro de casos.
La dimensión del horror también se ve en las 1.749 fosas clandestinas, con 3.025 cuerpos exhumados, que se han contabilizado desde el 1 de diciembre de 2018 —inicio del mandato de Andrés Manuel López Obrador— y hasta el 30 de junio de 2021.
Parte de la narrativa oficial argumenta que la violencia es atribuible a la lucha entre distintos grupos del narcotráfico por el control de rutas de trasiego de drogas, armas y personas a lo largo del territorio. Es decir, que para apoderarse de ‘una plaza’ —en referencia a un determinado municipio, ciudad o estado—, los cárteles recurren a una violenta extrema para matar o desaparecer a sus rivales. Esta explicación borra la responsabilidad que tienen las autoridades de todos los niveles en estos crímenes, así como en frenar la rampante impunidad que prevalece en la nación.
Sin embargo, la experta en seguridad, Guadalupe Correa-Cabrera, cuestiona si lo sucedido en La Bartolina solo podría explicarse como parte de las brutales operaciones del Cártel del Golfo.
“¿Los restos de quién están en el predio La Bartolina? ¿Hablamos simplemente de un campo de exterminio del Cartel del Golfo? ¿Hablamos de paramilitarismo criminal o de desapariciones forzadas con objeto de exterminar a los enemigos del Estado Mexicano sin seguir el debido proceso? ¿Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad?”, preguntó la académica en un reciente artículo.
