Han pasado ya 3 años desde que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asumió su cargo y desde entonces, uno de los objetivos prioritarios de su administración ha sido el combate contra el robo de combustibles.
Para ello, ha seguido un plan estratégico en coordinación con 15 dependencias del Gobierno donde la labor se ha centrado en detectar puntos de fuga del combustible, resguardar las instalaciones de distribución, reforzar los programas sociales en municipios aledaños a los ductos y desmantelar redes delictivas, siendo la guardia nacional y los elementos de la Marina, los encargados de ésta última función.
‘Bajo la vista gorda de las autoridades’
De hecho, durante varias conferencias de prensa, el mandatario ha asegurado que el huachicoleo, como se le dice en la jerga popular, ha disminuido en un 94,6 % durante su mandato.
“Lo que todos los días vemos, es el combate al huachicol y la forma en como se va avanzando. 81.000 barriles se robaban, y era una asociación delictuosa porque no solo eran los huachicoleros, también las autoridades que en el mejor de los casos se hacían de la vista gorda. Entonces hemos ahorrado mucho”, sostuvo López Obrador en una reciente conferencia.
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Pérdidas económicas
Sin embargo y a pesar de lo explicado por el presidente, expertos aseguran que el problema está lejos de erradicarse. En un informe dado a conocer por el Observatorio Nacional Ciudadano, el número de tomas clandestinas es hoy mucho mayor que el registrado en el sexenio anterior
Así, entre 2013 y 2015 el número de tomas ilegales era de 11.499, mientras que en el mismo periodo de tiempo, pero entre el 2019 y julio de 2021 la cifra superó las 30.000 perforaciones ilegales, es decir que hubo un incremento del 163 % de tomas clandestinas, lo cual se traduce a una pérdida económica acumulada del 80 %.
Crimen organizado
En opinión de Héctor Ortega Martínez, profesor Investigador de la Universidad del Istmo y maestro en Administración Pública, la estrategia de las autoridades para desmantelar esta estructura paralela dedicada al robo de combustibles, “no ha estado exenta de errores”.
El Gobierno federal ha explicado que este crimen es manejado por las mafias del crimen organizado y ha asegurado que trabaja arduamente para erradicarlo, razón por la cual se ha reforzado tanto a la Guardia Nacional como a la Marina. Aunado a ello ha pedido a la propia ciudadanía que se atreva a denunciar a quienes perforen los ductos. añadió.
Un problema pendiente
“Que existan tomas clandestinas, que todavía haya incidencia en este delito, tiene que ver con el blanqueo de dinero, lo que hace precisamente al tráfico de combustibles de manera ilegal. Yo creo que [este] sería el gran tema pendiente que tendría que tener en los siguientes tres años el combate delictivo”, concluyó Ortega Martínez.
En este contexto, el robo de combustibles continúa siendo uno de los retos más importantes del país latinoamericano, a pesar de los esfuerzos por combatir este delito.
