El recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijeron los coordinadores parlamentarios, se debe a que el presupuesto del Estado para 2022 transgrede el principio de progresividad y a que es regresivo.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera, del PRI, Rubén Moreira Valdez, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
El recurso interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijeron los coordinadores parlamentarios, se debe a que el presupuesto del Estado para 2022 transgrede el principio de progresividad y a que es regresivo, según una comunicación de la Cámara de Diputados.
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El Presupuesto de Egresos “no aumentó y recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas”, aseguraron los coordinadores de los partidos que integran la alianza Va por México. Por esta razón, el PEF 2022 transgrede el principio de progresividad.
Pusieron como ejemplo el caso del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sigue sin garantizar la cobertura y los recursos efectivos para beneficiarios. Lo mismo ocurre en el caso de los programas Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.
En el caso de la educación, los diputados del PRI, PAN y PRD afirman que el presupuesto deja de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate al rezago educativo. Acusan que entre los programas afectados se encuentran el de Escuelas de Tiempo Completo y el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena, entre varios más.
Los legisladores aseguraron que el Presupuesto de Egresos también es regresivo porque evidencia recortes a la promoción, atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Los coordinadores de los partidos de oposición agregaron que este Presupuesto de Egresos significa una amenaza a la democracia en México, pues afecta el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, obligándolos a materializar su mandato constitucional sin los recursos suficientes, y vulnerando así el derecho que tienen las y los mexicanos a participar en dichos procesos democráticos, como la revocación de mandato.
Los líderes parlamentarios señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos.
