A las distintas peticiones que han realizado legisladores estadounidenses en representación de las empresas con intereses en el negocio de la electricidad en México se sumó el de las compañías de mayor tamaño dedicadas a también a la comercialización de combustibles, quienes pidieron a, Jennifer Granholm, secretaria de Energía del país vecino del norte, la posibilidad de seguir trabajando en el país sin los obstáculos que les ha puesto la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mike Brown, titular del Energy Business Council (EBC) México-Estados Unidos, respaldado por firmas como Burns McDowell, AES, Chevron, ExxonMobil, Nema, y el Energy Workforce & Technology Council, solicitó al Gobierno estadounidense revisar las acciones tanto respecto a la reforma, cuya iniciativa se discute en el Congreso mexicano, como la forma en que se ha trabajado con el sector privado de energía en la presente administración.
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Los miembros del sector privado estadounidense del EBC pidieron en primer término que sostuviera una conversación sólida, honesta y productiva sobre el futuro del sector energético mexicano, “específicamente sobre los impactos negativos de los esfuerzos del gobierno actual para hacer retroceder a México antes de la reforma energética del 2013”.
Y es que a decir de las empresas aglutinadas en este organismo, estos esfuerzos por parte del Gobierno mexicano incluyen la nueva propuesta de reforma eléctrica y los desafíos que los comercializadores legítimos de combustibles estadounidenses enfrentan en sus operaciones en México.
Ante ello, pidieron que se plantee una resolución acelerada de los múltiples estancamientos que están obstaculizando las inversiones estadounidenses y con ello, pidieron a la titular de Energía de Estados Unidos aportar algo de responsabilidad al proceso.
El problema que según las empresas se enfrenta en el país es tanto de sustancia sobre las actividades y ordenamientos en México como de procedimiento por parte de las autoridades mexicanas. Respecto a la problemática de fondo, aseguraron que las contrarreformas del sector energético propuestas tendrán consecuencias negativas en todo el panorama energético mexicano, deteniendo al sector privado, sus inversiones y el aumento de los costos de energía y electricidad para los consumidores.
Argumentaron además que hasta marzo de 2021, el sector privado ha invertido más de 21,500 millones de dólares en México para el desarrollo de proyectos eólicos y solares de gran escala, contribuyendo así con la reducción de 19 millones de toneladas de CO2 al año.
“Las empresas estadounidenses han invertido también millones de dólares en infraestructura y logística midstream y downstream que actualmente se están desoptimizados o cerrados por las autoridades mexicanas, lo que obstaculiza el uso privado legítimo de las operaciones”, aseveraron, “el sector privado estadounidense quiere ser socio del gobierno y pueblo mexicanos y continuar invirtiendo en energía más barata, limpia y confiable a México”.
En cuanto al procedimiento, aunque ha habido cierto diálogo con las autoridades mexicanas, éste ha sido inadecuado, por lo que solicitaron al Ejecutivo de Estados Unidos que pida al presidente López Obrador la oportunidad de trabajar con socios del sector privado en lugar de restringir su acceso o hasta excluirlos.
Plantearon finalmente al EBC como una plataforma dispuesta para que exista el diálogo entre autoridades que solicitan.
