Luego de que se diera a conocer la ‘clausura temporal’ del Acuario de Veracruz por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), las reacciones en contra del Gobierno de Veracruz no cesan.
Al más puro estilo ‘cantinflesco’, el gobernador Cuitláhuac García intento justificar que Sergio Rodríguez, Procurador del Medio Ambiente. ‘le explicó’ que había una ‘queja’ derivada de que ‘se estaban realizando fiestas’ al interior del mayor atractivo turístico del Puerto de Veracruz.
En sus dichos, el morenista García Jiménez pretendió argüir que había ‘una disputa interna por el delfinario’ para por último apuntar que ‘hay un esquema privatizador que no permite al Estado tener datos de lo que ahí se decide’.
Con estas acciones, el Gobierno de Veracruz presuntamente demuestra que no han observado la Ley federal que rige la operación de este tipo de establecimientos, lo que podría tipificarse como abuso de autoridad por parte del Procurador del Medio Ambiente, en primer término.
El Acuario de Veracruz fue construido en el gobierno que encabezó Dante Delgado y se inauguró en 1992. Desde entonces ha sido administrado por un patronato que integran miembros del sector privado y del propio Gobierno de Veracruz, a través de la Dirección General de Fideicomisos, adscrita a la Secretaría de Finanzas, pero depende directamente de la subsecretaria de Administración a cargo de Eleazar Guerrero.
En ese sentido, lo dicho por el gobernador Cuitláhuac García de que hay ‘un esquema privatizador que no permite al Estado tener datos de lo que ahí se decide’, pareciera que existe desconocimiento legal del funcionamiento del acuario y entonces intenta tergiversar la realidad de las cosas.
Por su parte, Sergio Armando González, representante de Earth Mission, en entrevista a un medio del Puerto de Veracruz expresó: ‘se clausuró el Acuario de Veracruz debido a que de alguna manera quieren presionar al patronato para poder tener libre acceso a la economía del Acuario de Veracruz’.
¿Quién es Sergio Rodríguez, el Procurador Ambiental de Veracruz?
Sergio Rodríguez Cortes es un experredista que lo mismo ha jugado en los gobiernos priístas de Fidel Herrera, Javier Duarte, que durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. En la campaña del 2018, al no ver satisfechas sus ambiciones con Yunes Linares, se ‘alía’ con poderoso funcionario cuitlahuista y es designado como titular de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente.
En su larga trayectoria administrativa y como alcalde de Ciudad Mendoza, Rodríguez Cortes ha sido condecorado en múltiples ocasiones como ‘símbolo de la corrupción’, de acuerdo con las diversas denuncias que se han difundido en contra del ahora morenista.
Por ejemplo, a inicios del 2020 en la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río, los alcaldes de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín fueron presuntamente presionados por el procurador para cerrar los tiraderos que existían, sugiriéndoles que la basura fuera depositada en un “relleno sanitario” particular que construyó un empresario en Medellín.
Otro tipo de intervenciones del procurador es el relativo a las granjas y pequeñas empresas regionales, entre ellas en Naolinco, Actopan y Alto Lucero, donde este funcionario envió a colaboradores a asustar con multas y cierres debido a que no cumplen con la normatividad.
Misma situación sufrieron empresas inmobiliarias que trataron de crear desarrollos habitacionales en la zona conurbada del puerto y en municipios como Xalapa y Emiliano Zapata, quienes han denominado esto como una corriente “extorsión”.
Se sabe que el funcionario ambiental, a causa de su impreparación y audacia, ha acuñado una imponente frase que utiliza como argumento jurídico: “están provocando riesgo inminente de desequilibrio ecológico”.
En julio de 2020, en plena pandemia del Covid, los propietarios del Crematorio La Luz también denunciaron abuso de autoridad y presunta corrupción de la Procuraduría del Medio Ambiente, al querer ingresar al inmueble para verificar su funcionamiento pero les fue negada la entrada a los funcionarios debido a que se cremaba el cuerpo de una persona que había fallecido por Covid y no llevaban un equipo de protección especial para ingresar a una zona restringida.
Como diputado local perredista en 2019 fue investigado por Fiscalía General del Estado por el delito de robo de un vehículo, institución que estaba a cargo del exfiscal Jorge Winckler Ortíz, insistiendo que ‘todo debe hacerse conforme a derecho y sin algún abuso de la ley.’
Sergio Rodríguez es ahora un ‘fiel centinela morenista’ que procura el espionaje en municipios para identificar obras, proyectos de inversión y apertura de negocios, a los que irremediablemente llegará su equipo con amenaza de detener operaciones u obras por supuestos incumplimientos o irregularidades de Ley, y de esa manera seguir alimentando su voraz apetito.
