La representante del Barzón de Resistencia Civil, Teresa Carbajal, aseguró que la clase trabajadora está “de rodillas” ante los abusos, fraudes y despojos que provocan los agiotistas e instituciones de crédito a las que calificó de usureras.
En conferencia de prensa, dijo lo anterior al recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló limitar la obligación de los jueces de revisar las condiciones de un contrato abusivo, que será ahora tarea de los agraviados.
“Quienes deberán alegar las condiciones abusivas y tasas excesivas en sus créditos desde el inicio del proceso judicial, y no se podrá denunciar usura en ningún otro momento del juicio. Esta es una medida regresiva, pues limita las herramientas de defensa a las víctimas de cobros usureros”, señaló.
Dijo que en Veracruz se reportan casos como el de una mujer joven, trabajadora independiente de Xalapa que por el interés de crecer su negocio aceptó un préstamo de un agiotista, que provocó el crecimiento de la deuda con intereses desproporcionados.
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“Una vez que la emprendedora perdió posibilidad de pago, se vio hostigada para pagar una deuda que había pasado de los 400 mil pesos a un millón 700 mil, pues el criterio de interés sobre la deuda original estaba a discreción del agiotista. Mal asesorada admitió la deuda y firmó un acuerdo de pago dentro de juicio, sin embargo las mensualidades son impagables”.
Añadió que los jueces se justifican diciendo que firmó un acuerdo sobre la deuda de un millón 700 mil pesos, sin tomar en cuenta las condiciones por las que se llegó a esa cifra cuando el préstamo original fue mucho menor y sin contar los pagos que realizó.
“Basados en la resolución de la Corte tesis de jurisprudencia 28/2017 se determinó eliminar la obligación de los jueces de analizar el monto de los intereses cobrados y mucho menos reducirlos a pesar de que la víctima de usura lo solicitó en su defensa”.
Por ello, advirtió que la medida de la SCJN es un atentado más contra la economía de millones de familias que viven del crédito en México y la única forma de revertirlo es mediante la legislación.
“Hacemos un enérgico llamado a las diputadas y diputados federales, para que cumplan su compromiso de velar por los intereses de la ciudadanía y se discutan los recursos legislativos para devolver esta posibilidad de defensa al pueblo”.
Y anunció que promoverán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse de una decisión regresiva y que vulnera los derechos económicos de la población y contraviene los pactos firmados en materia internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21.3 que prohíbe la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre.
