El cuarto informe de gobierno del presidente Andres Manuel Lopez Obrador no incluye elementos reales de Salud Mental: al contrario, es toda defensa de sus proyectos individuales, limitados y que solo benefician a unos cuantos, aumentando las brechas sociales, como en el viejo régimen.
Realizando un análisis del 4 informe de gobierno 2021-2022 [sic], podemos visualizar viejos vicios informativos que hacen que los servicios de salud no prosperen, y el derecho a la salud mental tenga un panorama sombrío en la actual administración morenista. En todo el país existen solo 962 psicólogos federales, lo que no es un dato menor, considerando los índices de violencias que se viven en las comunidades. En el caso del Estado de Colima, Hidalgo y Durango, por dar un ejemplo, hay menos de 10 psicólogos federales, lo que habla de la pobreza con la que se atiende a la población, una obligación que se encuentra deficitaria por parte del gobierno actual.
Nuestra evaluación del primer año de gobierno es sin tintes partidistas, ideológicos ni religiosos, y tiene la intención de buscar un avance del derecho a la salud mental para todas y todos, sin distinciones. Nos llama mucho la atención la frustración que les genera a los políticos cuando realizamos una crítica, sin pensar que la crítica pública es una brújula y una síntesis de acciones que les proponemos. Las 24 horas todos los días recibimos en www.psicologiaydesarrollocomunitario.com solicitudes de atención psicológica de toda la geografía nacional y en Estados Unidos, por lo que conocemos cómo se encuentra el tema de la salud mental en las comunidades.
De entrada podemos mencionar que su política es errada al vincularla directamente con la Seguridad y la Procuración de Justicia, vinculando los temas de psicología con psicopatología y delincuencia, lo que habla de las políticas arcaicas con las que se piensa la psicología como política pública en México. Bueno, ni Ley de Salud Mental tenemos: México es una tierra sin Ley en Salud Mental.
Según la nueva reforma de la Ley de Salud el hospital psiquiátrico tenía que ser cerrado, cosa que no ha acontecido en los Estados, donde se sigue alimentando la tortura y las violaciones de derechos humanos, y en cambio a sus directores psiquiátricos los pusieron como nuevos Directores de Salud Mental como en el Estado de Michoacán, manteniendo de nuevo los viejos vicios del régimen anterior, con servicios de salud mental a su medida.
Sin psicólogos en los centros de salud, con oficinas llenas de burócratas contratados para cumplir compromisos políticos, sin programas sociales para combatir el estigma, sin estadísticas, sin estudios científicos y sin un diagnóstico comunitario serio, otra vez las improvisaciones abonan al desconcierto de los pacientes y sus familiares.
De un programa serio de prevención del suicidio: nada. De un plan de atención de salud mental a la altura de la ciudadanía: solo improvisación.
Lamentamos el desdén que se tiene por los pacientes, sus familias y profesionales, sin consultas serias e informadas, sólo simulación, como en los viejos tiempos, donde lo importante es la obra pública, que si se piensa es de mala calidad, limitada, sin ser de impacto para toda la población, lo que habla del pensamiento que discrimina de nuestros políticos mexicanos.
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Como puede observarse en su informe, no existen datos ni diagnósticos, no existe una priorización de grupos de atención ni políticas públicas que sean ejemplares, solo de manera limitada capacitaciones que otra vez queda en el escritorio de sus directivos, sin considerar a los pacientes ni a los expertos en salud mental que sacamos adelante a la población en sus comunidades.
Algo que llama la atención es la íntima relación que establecen los gobernantes con una religión, de manera incomprensible buscan regresar a la edad media con políticas donde la religión sea la política pública en salud mental de manera velada en el país, una forma de violación de derechos escondida.
En el peor de los casos, los suicidios, las adicciones, las violencias y los problemas de salud mental en las familias y comunidades seguirán cobrando sus cuotas por la ingenuidad de los directivos de salud.
Mientras los funcionarios siguen haciendo los planes públicos a su medida y para su comodidad.
