México fue el peor país para la defensa del ambiente durante 2021, al ubicarse en primer lugar en el ranking mundial de asesinatos de activistas sobre todo de la conservación de los bosques y los recursos hídricos y minerales.
De acuerdo con el reporte de la organización Global Witness (Testigo Global), durante el año pasado fueron asesinados 54 defensores de la ecología, superando a Colombia con 33, Brasil con 26, Filipinas con 19, Nicaragua con 15 e India con 14.
La nota sobresaliente de la estadística sobre el tema es que en México casi la mitad de las víctimas eran indígenas, y la mayoría de los ataques por conflictos de tierra y minería ocurrieron en los estados de Oaxaca (sureste) y Sonora (noroeste).
El relevamiento, titulado “Una década de Desafío: Diez años de informar sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente en el mundo”, remarca el “número desproporcionado de ataques” a activistas ambientales indígenas a nivel mundial, en especial en México, Colombia, Nicaragua, Perú y filipinas.
Con 154 activistas asesinados en una década, la mayoría (131) en los últimos 4 años, México sobresale por ser uno de los países más letales para quienes están preocupado por las acciones que destruyen el entorno y atentan contra los hábitats ancestrales.
Según el reporte de Global Witness, con sede en Londres, algunos de los atentados contra los miembros de organizaciones civiles y ambientales que luchan contra la depredación de los recursos naturales son perpetrados por organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
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Esta banda, dominante en el país, al desplazar al Cártel de Sinaloa, cuyo líder Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue condenado a 10 cadenas perpetuas por narcotráfico en 2019 y actualmente purga su pena en una prisión de alta seguridad de Colorado, “ha desarrollado un interés en la minería ilegal”, dice el informe.
“El grupo impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano”, afirma Global Witness, que suele denunciar la corrupción y los conflictos políticos que involucran las acciones contra la naturaleza.
Entre los casos que menciona el documento sobre México sobresalen el de 10 hombres desaparecidos en julio de 2021 en territorio de la etnia yaqui, en el sur de Sonora.
Esta etnia ya había sido objeto de expoliación durante la era de la dictadura de Porfirio Díaz, que gobernó más de 30 años con mano dura al país, antes de la guerra civil de 1910, y parte de sus miembros fueron esclavizados y desterrados a fincas henequeneras en el estado sureño de Yucatán para apoderarse de sus fértiles tierras.
Este fenómeno fue documentado por primera vez por el periodista estadounidense John Kenneth Turner, en el libro “México Bárbaro”, que primero fue difundido como una serie de artículos para una revista independiente de su país y que se infiltró en ambientes de la oligarquía mexicana, haciéndose pasar por inversionista.
En septiembre del año pasado, seis cuerpos de integrantes de la comunidad indígena fueron hallados y los líderes sospechaban que los responsables eran grupos criminales, pero también aventuraron la hipótesis de que los responsables serían el gobierno y empresas interesadas en explotar los recursos bajo dominio yaqui.
Según Global Witness “las desapariciones forzadas de activistas ambientales están dirigidas a sembrar el temor entre familias y comunidades” y suelen ser “perpetradas por funcionarios estatales corruptos y grupos de la delincuencia organizada”.
Lo peor de todo es que “la impunidad sigue siendo generalizada, con más de 94% de los delitos no informados y sólo 0,90% resueltos”, indicó. El gobierno de México requiere establecer “una hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, que incluya la coordinación entre poderes del Estado y la generación de políticas y financiación para garantizar la justicia ambiental”.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y abarca un extenso abanico de temas como el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en la región.
