Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa manifestaron su respaldo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignado al caso y exigieron al Gobierno federal rectificar y retomar “la senda de la justicia y la verdad”.
Las familias solicitaron a las autoridades definir un mecanismo que permita a Ángela Buitrago y Carlos Beristain seguir colaborando en el caso, además de que agradecieron a Francisco Cox y Claudia Paz y Paz por su trabajo en la investigación.
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Este lunes, el GIEI denunció inconsistencias en los mensajes de WhatsApp entre supuestos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos que fueron presentados en el último informe del Gobierno mexicano sobre el caso.
La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentó el pasado agosto su último informe en el que, además de reconocer que fue un “crimen de Estado” con funcionarios implicados de todos los niveles, compartieron más de 400 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, de las que “al menos 181” presentan inconsistencias, según el GIEI.
En una conferencia, dijeron que en primer lugar “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros, su autenticidad y tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo donde se encuentra configurada la copia del screenshot (captura)”.
Asimismo, indicaron que aunque visualmente la versión de la aplicación es la utilizada entre 2012 y 2015, en ese momento no existía la posibilidad de videollamada, pero sí aparece el icono.
Igualmente, tampoco existía la posibilidad de la doble verificación azul (confirmación de mensaje enviado y recibido), pero sí aparece en la imagen.
Por otra parte, hay capturas que se generaron anteriormente a la fecha en la que se señala que se enviaron los mensajes.
“Los mensajes analizados no pueden considerarse como prueba digital”, detalló Francisco Cox Vial, uno de los cuatro expertos del GIEI.
“Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”, consideró Angela Buitrago, otra de las integrantes.
A pesar de esto, el grupo insistió en que las más de 80 órdenes de captura solicitadas por la unidad especializada de la Fiscalía General de la República no se emitieron como consecuencia del informe, sino de la investigación de la propia unidad, por lo que sí deben ejecutarse al haber elementos suficientes que las sustentan.
