El 13 de noviembre del año pasado, en las principales ciudades del país, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron contra la intención antidemocrática planteada meses atrás por el presidente de México, enfocada en transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en una institución debilitada en su presupuesto y en sus atribuciones legales.
El día 27 de ese mismo mes, con él a la cabeza y para contrarrestar esa movilización ciudadana, el presidente López Obrador convocó a una contramarcha de sus seguidores y colaboradores, desde la avenida Reforma hasta el Zócalo, pretendiendo minimizar lo logrado en la marcha opositora 15 días antes, integrada por personas apartidistas y de diferentes partidos políticos que han criticado la forma en que se llevan las riendas de la República.
Como resultado, y mediante una insistencia reformista, semanas después el ejecutivo federal planteó un denominado Plan B para el INE, que sus operadores están gestionando a contrarreloj en el Congreso de la Unión.
Por ese motivo, organizaciones civiles de la sociedad mexicana y militantes de los partidos opositores están convocando a una segunda marcha nacional que se verificará este domingo 26 de febrero en todas las capitales de los estados y en el Zócalo de la Ciudad de México.
En su persistente afán de cuestionar o intimidar a aquellos que no comulgan con él, o que no están satisfechos con los logros presidenciales, la semana pasada López Obrador señaló que las personas que participarán el domingo 26 de este mes, lo harán para defender a la corrupción y por otras razones que esgrime machaconamente como ataque y defensa: “Ellos están agarrando esto como bandera política, van a hacer hasta una manifestación, pero en el fondo, lo que buscan es agruparse en contra de nosotros, en contra de la transformación, lo que quieren es que regrese el régimen de corrupción, de prevalencia. Entonces cualquier cosa se convierte en bandera”.
La realidad es que buena parte de la sociedad nacional está inconforme por sus malos resultados en seguridad pública, en salud y en las irregularidades y sobrecostos de sus proyectos faraónicos, además de la alta corrupción descubierta a varios de los principales funcionarios y políticos morenistas, aspectos señalados en diversas instancias y medios de comunicación, incluidos en esas anomalías a algunos de sus familiares cercanos.
Y ante la insistencia en desbaratar o disminuir el INE, con intenciones muy evidentes para asegurar la sucesión presidencial que desde palacio nacional ya está operando fuera de la Ley, la población mexicana en enérgica posición crítica ante su administración ha decidido continuar manifestándose de manera masiva en las calles y plazas de la nación.
De lo único que se trata es de una legítima manifestación nacional por la democracia, en los mismos términos de esa democracia existente en 2018 que le aseguró el triunfo electoral en la elección de ese año y que lo hizo presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
A fin de cuentas, lo que plantean los mexicanos con esta gran manifestación cívica y ordenada, es asegurar el respeto irrestricto a las disposiciones legales que contempla nuestra Carta Magna. En suma, que el presidente López Obrador cumpla en tiempo y forma con lo que dispone la Ley y que contenga el tsunami de mentiras con las que destruye al país día con día. Nada más.
