El gobierno federal propuso hacer cambios a la Constitución para garantizar el derecho a la salud, abasto de medicamentos y terapias, a los derechos para los pueblos indígenas y bajar el requisito de edad para recibir la pensión de adultos mayores, aunque dentro del paquete de 20 reformas enviado al Congreso se incluyeron derechos que ya se encuentran en la carta magna.
Destaca la propuesta de cambiar el artículo 4° constitucional para garantizar el derecho a la salud, aunque la propia exposición de motivos señala que este gobierno ya había hecho una reforma en esa materia en 2020.
En esa ocasión, el gobierno propuso que se garantizara a todas las personas el “derecho a la protección de la salud” y se especificó que la ley general de salud definiría cuáles serían las bases y modalidades para que los ciudadanos tuvieran acceso a los servicios.
Con la nueva propuesta el artículo 4° quedaría así: “toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El Estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios”.
Así, correspondería a las instituciones públicas garantizar el abasto de medicamentos, asignación de cirugías y terapias, algo que no se ha podido concretar en este gobierno.
Para aumentar la cantidad de personas que reciben pensión para adultos mayores se pretende hacer otro cambio al artículo 4°; la propuesta es bajar la edad de las personas que reciben ese estímulo, de 68 a 65 años.
También se busca elevar a rango constitucional la pensión para personas discapacitadas que se entregaría hasta los 64 años y, a partir de los 65, se les entregaría la de adultos mayores.
Algo similar pasa con el objetivo de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, que se incluyeron en la carta magna en agosto de 2001.
Ya en este gobierno, también en agosto pero de 2019, se reformó nuevamente el artículo 2° para agregar un apartado en el que se reconoce los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas.
La iniciativa propone que los pueblos indígenas y afromexicanos sean consultados cuando se construyan obras en sus territorios, lo que no se hizo en el Tren Maya; algunos de los amparos que han detenido las obras se otorgaron al demostrarse que los pueblos no fueron informados ni consultados sobre las implicaciones de estas.
