Las mujeres de la tercera edad y las discapacitadas sufren especial riesgo de sufrir abusos, aunque su situación con frecuencia se olvida en los estudios sobre violencia contra la mujer, advierte este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pide una mayor atención a este fenómeno.
En el caso de las mujeres con discapacidades, la OMS hizo mención a dos estudios (uno en España y otro Canadá) que concluyen que existe un mayor riesgo de violencia contra ellas por parte de sus parejas, incluyendo abusos sexuales.
“Mujeres mayores y discapacitadas están subrepresentadas en muchas de las investigaciones sobre violencia contra la mujer, lo que dificulta el funcionamiento de programas para atender sus necesidades”, destacó la experta de la OMS Lynnmarie Sardinha en un comunicado.
A nivel general, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género, aunque las de la tercera edad y afectadas por discapacidades enfrentan riesgos específicos, “a menudo a manos de cuidadores o profesionales de la salud”, advierte la OMS.
Entre los riesgos particulares que corren figuran comportamientos coercitivos como el abuso financiero o el control abusivo de necesidades tales como sus medicamentos, aparatos de asistencia o servicios de cuidados, subraya la agencia sanitaria de Naciones Unidas.
Según la OMS, los abusos físicos y sexuales son la forma más habitual de violencia entre las denunciantes de más de 60 años, aunque a medida que avanzan las edades de las víctimas éstas tienden a reportar un cambio del maltrato físico al psicológico, “incluyendo amenazas de abandono y otros comportamientos controladores”.
Los dos grupos de mujeres estudiados “pueden sentirse extremadamente aislados cuando la violencia ocurre, lo que dificulta especialmente que escapen y denuncien los abusos”, agregó la OMS.
La organización indica que sólo un 10 % de los casos de violencia denunciados son reportados por mujeres mayores, por lo que sugiere aumentar la presencia de ese rango de edad en los estudios.
También pide que desde los servicios sanitarios y de cuidados se pongan en marcha mecanismos para que mujeres mayores y discapacitadas puedan denunciar posibles abusos.
