El juicio contra Donald Trump, el primero de carácter penal en la historia de Estados Unidos contra un expresidente, comienza este lunes con la selección del jurado, un momento que en otros procesos es un mero trámite, pero en este caso tiene una carga política.
Trump será juzgado por unos pagos irregulares de 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio durante la campaña electoral de 2016 y que no se revelara una relación extramarital que el magnate tuvo con ella en 2006, cuando no había entrado todavía en política.
Los 12 miembros del jurado, como es habitual en cualquier proceso judicial, deberán demostrar que no tienen literalmente prejuicios sobre el acusado ni ideas preconcebidas que puedan nublar su veredicto, algo difícil con la personalidad de Donald Trump.
La selección del jurado puede llevar hasta dos semanas, en las cuales los potenciales miembros deben pasar el escrutinio de la defensa y de la fiscalía, que investigarán si alguno de ellos ha participado como voluntario en campañas en favor o en contra de Trump, pero también por cuestiones más difíciles de calibrar como si sus sentimientos hacia el acusado pueden influir en sus decisiones.
El diario The New York Times aseguraba hace unos días que la fiscalía prefiere a jurados con estudios universitarios, a los que se presuponen opiniones progresistas y más cercanas al Partido Demócrata, y por ende más severos hacia el expresidente republicano.
Por el contrario, la defensa apostará por ciudadanos procedentes de cuerpos de seguridad como la policía y los bomberos —donde abundan las preferencias conservadoras— y hasta trabajadores de limpieza, así como personas que hayan tenido alguna experiencia negativa con el sistema judicial.
No es casual que el pasado 28 de marzo, el mismo día en que el Partido Demócrata reunía en Nueva York a Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton para un evento de recaudación de fondos, Trump optara por contrarrestarlos con su presencia en el funeral del agente de policía Jonathan Diller, muerto por un disparo a quemarropa en el enésimo incidente armado en el estado.
El tema de la inseguridad está siendo profusamente explotado por el candidato republicano, que no duda en vincular la violencia armada con la ola de migración y las políticas de tolerancia con los recién llegados.
Al juez que llevará el caso más mediático de la década, Juan Merchan (de origen colombiano), no le ha temblado la mano a la hora de decretar una orden mordaza contra el mismo Trump, una herramienta relativamente común en el sistema judicial estadounidense que consiste en prohibir a un acusado los comentarios públicos, incluido en redes sociales, sobre los implicados en su proceso.
En el caso que comienza mañana, la medida impone a Trump abstenerse de hacer comentarios sobre los testigos, fiscales, miembros del jurado y personal de la Corte, así como a sus familiares.
Esa misma orden fue ampliada el 1 de abril para incluir al propio juez y sus familiares, así como al fiscal Alvin Bragg.
