Dr. Francisco Suárez Hernándeza

Hace casi tres décadas, un grupo de egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) tomaron la determinación de constituir una Fundación para apoyar a la que fue su escuela.

Era 1996 y el país enfrentaba enormes dificultades económicas, por lo que las iniciativas de apoyo a las instituciones educativas públicas eran valoradas y más porque consistían una suma, un apoyo adicional, pero a la vez sustancial.

El presidente, Ernesto Zedillo, provenía justamente del IPN, de la Escuela Superior de Economía, lo que permitió que se generaran las sinergias adecuadas, pero bajo la premisa que de que la Fundación se tendría que hacer cargo de cada una de sus iniciativas y con colaboración plena de los directivos.

Tarea noble, como pocas, y que da cuenta, además, de una cultura forjada en las aulas.

Bajo las premisas de devolver, retribuir y agradecer, pero con visión pragmática, los integrantes de la Fundación Politécnico se convirtieron en aliados permanentes de la institución en la que se formaron académicamente.

La idea, anclada en la responsabilidad social y en la sabiduría de la experiencia, fructificó y significó dotar de mayores oportunidades a los alumnos, con becas y mejoras en la infraestructura.

Al paso de los años, se estima que los apoyos gestionados y promovidos por la Fundación ascienden a los 3 mil millones de pesos.

Hay un sabio consejo: “no arregles lo que funciona bien.” Es justo lo que no están haciendo las autoridades del IPN al colocar obstáculos absurdos a la Fundación, comprometiendo la entrega de facturas comprobatorias de 353 millones de pesos y renunciando, de modo incompresible, a ingresos por 12 millones de pesos mensuales provenientes de contratos con tarjetas bancarias.

Han tratado de limitar la autonomía de la Fundación, algo que compromete su normativa, con esos impulsos de control que tanto daño hacen a los esquemas de participación de los entes de gobierno con la sociedad.

Es más, lo que se tendría que hacer es no solo apoyar a la Fundación, sino fomentar la responsabilidad social de los egresados y de las empresas, ya que de esa dupla se constituyen los proyectos de largo alcance.

La buena noticia, es que los integrantes de la Fundación Politécnico, que preside Jorge Javier Jiménez Alcaraz, desde el 23 de marzo pasado, y entre cuyos consejeros se encuentran ingenieros de la calidad y trayectoria de Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, están comprometidos a que las cosas marchen por el camino adecuado y se restauren las rutinas de colaboración que han funcionado desde 1996, cuando dieron arranque los trabajos y gestiones de politécnicos de renombre.

A lo que aspiran es a una relación con los directivos del IPN tan fructífera para comunidad como lo ha sido a lo largo de los pasados 30 años.

Vale la pena recordar que Jiménez Alcaraz cuenta con atributos que lo llevaron a dirigir el Sistema de Transporte Colectivo en la Ciudad de México, donde realizó uno de los estudios más precisos sobre las condiciones de la Línea 12 del Metro y de la necesidad urgente que existía para que se realizaran los arreglos respectivos.

Alcérreca, como ingeniero químico, tuvo una participación central en el desarrollo del Instituto Mexicano del Petróleo, lo que lo llevó también a una destacada carrera política en Quintana Roo y como legislador federal.

Es decir, aprovechar las capacidades de gestión, pero también la biografía de cada uno de los asociados puede ser una de las mejores decisiones para el IPN y, de paso, para la sociedad en su conjunto.

Twitter: @jandradej

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