- El órgano encargado de fiscalizar los recursos públicos acumula miles de millones en observaciones… pero sin sancionar a los responsables.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), a cargo de la morenista Delia González Cobos, lejos de ser un contrapeso al poder, se ha convertido en una tapadera institucional de la corrupción morenista, según denuncian analistas, auditores y fuentes legislativas.
Mientras presume transparencia y combate a la corrupción, los informes oficiales del propio organismo muestran una realidad distinta: más de 2 mil 300 millones de pesos en presunto daño patrimonial durante la revisión de la Cuenta Pública 2024, sin que hasta el momento existan funcionarios sancionados ni recursos devueltos al erario.
Millonarios daños al erario sin castigo
De acuerdo con datos del propio ORFIS, 174 municipios presentaron irregularidades por 1,537 millones de pesos, derivadas de obras inconclusas, pagos sin documentación, contratos sin respaldo legal, apoyos no comprobados, contratos faltantes y registros alterados. Aun así, ningún servidor público ha sido sancionado.
El órgano fiscalizador ha reportado 351 denuncias por presuntas irregularidades, pero la mayoría se encuentra “en trámite”, sin que existan resoluciones firmes o recuperación del dinero perdido.
Congreso morenista: sin exigencia ni consecuencias
Pese a los hallazgos, la LXVI Legislatura del Congreso de Veracruz, dominada por Morena, aprobó sin mayores reparos los informes del ORFIS.
Durante la sesión de aprobación, diputados del partido oficial afirmaron que “no son tapadera de nadie”, aunque las cifras demuestran lo contrario: los montos de daño patrimonial crecen, y las sanciones no aparecen.
De esta forma, el sistema de rendición de cuentas se ha convertido en un proceso burocrático que protege más al poder que al ciudadano.
Protección política y simulación institucional
Diversas voces en el ámbito de la fiscalización coinciden en que el ORFIS no actúa con independencia, sino que responde a intereses políticos del gobierno estatal.
“La función del órgano se ha pervertido: en lugar de castigar la corrupción, la administra. Documenta los desvíos, pero no los castiga”, señaló un auditor consultado por este medio de comunicación.
“Delia González, auditora general, tiene a un operador jurídico y a varios exfuncionarios de administraciones priístas que ofrecen a los entes limpiar sus observaciones o cuentas a cambio favores millonarios. Según el sapo la pedrada” afirmó otro auditor.
En los hechos, las observaciones se acumulan y los procesos se empolvan en los archivos, mientras los municipios señalados siguen recibiendo recursos federales y estatales sin consecuencias.
Ciudadanía sin justicia
Para los veracruzanos, la inacción del ORFIS representa impunidad institucionalizada. Cada peso no comprobado es dinero que debió destinarse a obras, salud o educación.
De poco sirve detectar irregularidades si no hay sanciones ni restitución de recursos.
Así, mientras el discurso oficial insiste en la transparencia, la realidad demuestra que el ORFIS opera como una oficina de blindaje político para la corrupción morenista, en donde se afina la orquesta desde la oficina de Delia González Cobos.
