A dos días de que la gobernadora Rocío Nahle asegurara que Veracruz se ubica entre los estados más seguros del país, una serie de hechos violentos registrados en diversas regiones de la entidad dejó un saldo de diez personas asesinadas en apenas 48 horas, poniendo en entredicho el triunfalismo gubernamental en la reducción delictiva.
El domingo, durante su primer informe de labores en la Plaza Lerdo de Xalapa, Nahle afirmó que el estado ocupa el octavo lugar nacional en seguridad y subrayó una disminución del 13.32% en la incidencia delictiva. Sin embargo, entre la noche del lunes y el martes, la violencia repuntó con asesinatos dispersos en el sur, el centro y otras zonas de la entidad, revelando nuevamente la fragilidad de los equilibrios regionales.
El hecho más estremecedor ocurrió en Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, donde Mirna y su hija fueron ejecutadas a quemarropa sobre un camino que comunica la colonia Las Lajas con la comunidad de Cuatotolapan.
De acuerdo con reportes policiales, ambas mujeres se encontraban en un inmueble señalado como presunta “casa de seguridad”, cuando sujetos armados irrumpieron y les dispararon sin mediar palabra. Las autoridades no han precisado aún la relación entre las víctimas y el lugar, ni si hay líneas de investigación relacionadas con el crimen organizado.
Este ataque se suma a otros episodios de violencia de género registrados este año en la región de Los Tuxtlas y su zona limítrofe con Acayucan, donde diversas organizaciones civiles han alertado sobre dinámicas delictivas que vulneran especialmente a mujeres y familias enteras.
Además del doble homicidio en Hueyapan de Ocampo, otras ocho personas fueron asesinadas en diferentes puntos del estado durante el mismo periodo, aunque en varios casos las autoridades no han detallado públicamente los móviles ni las características operativas de los ataques.
La dispersión geográfica de los hechos sugiere que no se trata de un evento aislado, sino de una fase de tensión en regiones donde suelen cruzarse intereses de células criminales y disputas territoriales. Aunque el gobierno de Rocío Nahle ha insistido en que los delitos de alto impacto han disminuido, particularmente el secuestro y la extorsión, la violencia homicida continúa mostrando picos que desafían los reportes oficiales.
La coincidencia temporal entre el informe gubernamental y la oleada de asesinatos ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las estrategias estatales y la validez de la lectura estadística ofrecida por Rocío Nahle.
Especialistas en seguridad señalan que, aunque los datos de incidencia delictiva pueden registrar variaciones favorables, la percepción ciudadana suele estar determinada por hechos de alto impacto como ejecuciones múltiples, hallazgos de cuerpos o agresiones contra mujeres, que tienden a socavar cualquier avance reportado en cifras globales.
En este escenario, el gobierno morenista en Veracruz enfrenta una prueba temprana: sostener la narrativa de control y eficacia mientras se atienden hechos que evidencian que el mapa criminal veracruzano mantiene zonas de alta volatilidad.
Hasta el momento, la administración estatal no había emitido un posicionamiento específico sobre los diez homicidios registrados en las últimas 48 horas. De igual forma, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre detenciones, posibles líneas de investigación o indicios que permitan relacionar o descartar vínculos entre los distintos asesinatos.
Organizaciones civiles y analistas coinciden en que el tratamiento institucional de estos eventos será determinante para medir si el gobierno estatal está en condiciones de sostener la narrativa de descenso delictivo o si deberá ajustar su estrategia y comunicación frente a un panorama que, por momentos, parece contradecirla.
