La salida de Ramón Santos Navarro de la Contraloría General del Estado detonó una reconfiguración que no sorprendió a nadie. En los órganos de control, donde la lealtad suele pesar tanto como el perfil técnico, cada relevo implica reacomodos profundos. Esta vez la sacudida fue inmediata.
La nueva titular, Bárbara Galindo, asumió el cargo tras recibir la dispensa del Congreso local para ocupar la posición pese a su origen tamaulipeco. Con ese respaldo político inició movimientos en las áreas neurálgicas de la dependencia. Antonio Paxtian Álvarez deja la Dirección General de Fiscalización y su lugar lo ocupa Víctor Antonio Barrera. En Responsabilidades Administrativas se perfila Carlos Vidarte. Se trata de cambios en los dos engranajes que definen qué se revisa, a quién se investiga y qué expedientes se archivan o prosperan.
Las sustituciones se dan en un contexto delicado. Paxtian y otros mandos fueron señalados por personal interno por presuntas prácticas de presión, amenazas y un clima laboral adverso que -según testimonios- mermó la operatividad. A ello se sumaron acusaciones de acoso sexual contra trabajadoras de la institución. Son imputaciones graves que, de acreditarse, exhibirían una estructura interna incompatible con la función fiscalizadora que la ley le confiere.
La llamada “limpia” arranca bajo la narrativa de renovación. Sin embargo, la interrogante de fondo persiste: ¿se trata de un proceso de saneamiento institucional o de una depuración basada en afinidades políticas? La Contraloría tiene como mandato constitucional vigilar al poder, no servirle de escudo.
El mensaje que circula en los pasillos es inequívoco. La permanencia dependerá más de la alineación que del rigor técnico. En un gobierno encabezado por Rocío Nahle, el margen para auditar con autonomía parece acotado. En este tablero, quien revise demasiado puede convertirse en el siguiente nombre en la lista de cesados.
La guillotina administrativa ya se activó. Falta observar si esta nueva etapa fortalece la rendición de cuentas o confirma que, en Veracruz, la fiscalización tiene fronteras políticas claramente delimitadas.
